- La Comisión Europea presentará esta semana un titánico paquete legislativo que afectará a todos los ámbitos de la economía y la sociedad y que servirá para articular durante la presente década la obligación legal de la UE de desprenderse del CO2 en 2050.

El Ejecutivo comunitario ha elegido para su propuesta, que desvelará el miércoles, el nombre de Fit for 55 (En forma para el 55), en referencia al objetivo de reducir las emisiones de CO2 en 2030 al menos en un 55% respecto a 1990, frente al 40% vigente hasta ahora, meta intermedia para alcanzar la descarbonización a mitad de siglo.

Las doce iniciativas que presentará la Comisión, en gran parte modernizaciones y revisiones de normas ya existentes, son las entrañas de esas aspiraciones en un periplo hacia la sostenibilidad que requerirá grandes esfuerzos pero aportará retornos, asegura Bruselas.

La Comisión no sólo pretende reducir las emisiones, sino que busca transformar gradualmente la sociedad en su conjunto y generar un crecimiento económico más sostenible. Se persigue también reducir la dependencia energética de la UE, que gasta unos 27.500 millones de euros al mes en importaciones, y en particular de combustibles fósiles.

El transporte genera más del 25% del total de CO2 de la UE y sigue creciendo cerca de un 1% anual, mientras que el total de emisiones cayeron un 3,7% entre 2019 y 2018. La Comisión propondrá reducciones de emisiones más duras para coches y furgonetas. Se baraja en torno a un 60% en 2030 (frente al 37,5 y 31% previsto actualmente) y el 100% en 2035. En paralelo, se incrementarán los puntos de carga para que el vehículo eléctrico sea el coche del futuro.

Se reformará el sistema de comercio de emisiones (ETS) lanzado en 2005, que pone precio al CO2 liberado y afecta a unas 10.000 instalaciones de consumo intensivo de energía y cubre en torno al 40% de los gases de efecto invernadero de la UE. El nuevo ETS abarcará el transporte por carretera y el gasto energético de los edificios y generará fondos para ayudar a los hogares en riesgo de pobreza energética.

Se pretende incitar a los productores de energía a elegir tecnologías menos contaminantes en lugar de pagar un precio por tonelada de CO2 emitida, que se irá encareciendo, y se espera que la reforma del ETS impulse también la eficiencia energética de los edificios, que tendrán además objetivos más estrictos.

Las energías renovables son la gran baza para reducir la dependencia energética de la UE en las importaciones de combustibles fósiles. Del actual objetivo del 32% de renovable en el consumo final bruto de la UE en 2030 se pasará a cerca del 40%. Será además un objetivo legalmente vinculante para los países.

Entre los puntos más controvertidos de la propuesta se cuenta el llamado Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM, por sus siglas en inglés), un innovador sistema que prevé gravar en las fronteras de la UE los productos cuya fabricación genere más CO2 del permitido dentro. Esta herramienta, que puede colisionar con las normas de la Organización Mundial del Comercio, pretende evitar que las industrias comunitarias se deslocalicen a países con normas más suaves, lo que se conoce como “fugas de carbono”.

La Comisión quiere exigir que todo barco que atraque en territorio de la Unión Europea utilice combustibles limpios, aunque no llene los depósitos en territorio comunitario.

En cuanto a la aviación comercial, los vuelos intraeuropeos seguirán cubiertos por ETS, como ocurre desde 2012, pero los extraeuropeos ingresarán en el futuro mecanismo global del sector, CORSIA.

Además, las aerolíneas estarían obligadas a mezclar progresivamente biocombustibles no contaminantes con el queroseno, al que se le aplicaría un nuevo impuesto en vuelos comerciales intraeuropeos.