Bruselas - Nuevo revés de la Justicia europea a la deriva autoritaria de la Hungría de Viktor Orbán. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Abogado General de la Unión Europea, señala que la legislación húngara que restringe la financiación extranjera de las ONG es incompatible con el derecho de la Unión. El letrado español señala que estas restricciones "violan el principio de libre circulación de capitales y varios derechos fundamentales". La norma húngara, introducida en 2017 por el Ejecutivo iliberal de Orbán, tenía por objetivo "dotar de transparencia" a las organizaciones civiles que recibían donaciones desde el extranjero. Para ello, la legislación obliga a estas ONG a registrarse como "organizaciones receptoras de ayuda extranjera" y especificar el nombre de los donantes e importe exacto cuando esta ayuda alcanzase o sobrepasase los 500.000 forintos (unos 1.500 euros). Esta información se volcaba posteriormente en una plataforma electrónica de acceso público y gratuito.

Según el letrado español, estas condiciones impuestas "constituyen una restricción al principio de libre circulación de capitales", no solo para las propias organizaciones, sino para sus donantes por un "eventual efecto estigmatizante" de la publicación de estos datos que puede desincentivar las donaciones. En su escrito, el letrado señala que la unión "indisociable" de donante y organización "puede contribuir a definir el perfil ideológico del primero", lo que supondría a su vez una "injerencia en la vida privada de esas personas". Como consecuencia, el Abogado General opina que la publicación de dicha información constituiría también una "injerencia tanto en los derechos relativos a la protección de la vida privada y de los datos personales, como en el derecho a la libertad de asociación, todos ellos garantizados por la Carta" de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

injerencia "injustificada" Así pues, el letrado español sugiere al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declare que el nuevo reglamento húngaro "restringe indebidamente la libre circulación de capitales" al ejercer una injerencia "injustificada" en los derechos fundamentales al respeto a la vida privada, a la protección de los datos de carácter personal y a la libertad de asociación recogidos en la ya mencionada Carta. El choque entre el enfant terrible de la política comunitaria y la Justicia europea es solo un ejemplo más de la deriva autoritaria que registra el país magyar en los últimos años. Con una marcada agenda xenófoba, Orbán ha puesto en su objetivo no solo a las ONG internacionales, sino a miembros de su comunidad como el magnate y filántropo George Soros, cuya Universidad Centroeuropea tuvo que ser trasladada de Budapest a Viena por los ataques del Fidesz, el partido político que dirige el primer ministro.

El pasado mes de febrero, Orbán también protagonizó un enfrentamiento con Soros y Jean-Claude Juncker, ex presidente de la Comisión Europea, al utilizar propaganda gubernamental para acusarlos de "alentar la inmigración (?) poniendo en peligro la seguridad nacional de Hungría". Pero no solo de medios públicos y oficiales se sirve el autoritario Gobierno. En los últimos años, Orbán ha eliminado prácticamente cualquier rastro de prensa crítica en el país dotándose de una nutrida red de medios afines gracias a las ayudas estatales. En los últimos días ha amenazado al Partido Popular Europeo, su familia política que lo mantiene en suspensión, con fundar otra familia política.