- La santería, la clarividencia y el esoterismo ocupaban en 2006 la vida de una pitonisa madrileña que se convirtió sólo unos años después en directora de una residencia de ancianos donostiarra, promovida por una de sus clientas que acabó denunciándola por estafa.
El Tribunal Supremo (TS) ha absuelto a esta vidente de las acusaciones de su clienta, propietaria del geriátrico privado del que llegó a hacerla psicóloga en un primer momento, para terminar nombrándola finalmente directora adjunta poco antes de que quebrara.
El TS confirma así una decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que a su vez había ratificado la absolución de la pitonisa dictada en febrero de 2021 por la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa.
Los hechos se remontan a finales del año 2006 acudió al municipio de Madrid en el que residía la pitonisa para consultarle sobre una "ruptura sentimental". Según la sentencia del caso, la vidente le echó las cartas y le dijo que debía profundizar en "un trabajo de santería" por el que debería abonar entre 6.000 y 8.000 euros, una cantidad que ella no tenía, por lo que llamó a su madre, quien antes de pagar decidió acudir a la pitonisa para conocerla.
En este encuentro, que tuvo lugar en abril de 2007, la adivina le dijo que percibía que ella estaba "tocada por la gracia" y que pertenecía a un tipo de personas que "pueden desarrollar una vida espiritual y de videncia elevado" siempre que lo incentivara mediante unas "clases" y "sesiones". Esta situación se mantuvo "un tiempo prolongado" durante el que la damnificada recibió "clases de desarrollo" por las que abonó "diversas cantidades".
En este contexto, en marzo de 2008 la perjudicada decidió hacer a la acusada un contrato de 1.019 euros mensuales como psicóloga de la residencia que regentaba, a la que desde entonces la pitia acudía "una o dos veces al mes" para echar "harina en las puertas", así como "caramelos y unas colonias". Según declaró la perjudicada, además de la nómina, la santera también cobraba "clases y trabajos" desde los 6.000 euros, hasta los 10.000 o los 18.000 por un "ente", pasando por los 12.000 euros que costaba el rito "anual de mantenimiento". Estos desembolsos económicos obligaron a la afectada a vender parte de su "patrimonio".
Tras una "inspección" de la Diputación en el centro geriátrico, la pitia fue ascendida a "directora adjunta" por la perjudicada, si bien en 2012 la situación de la residencia era ya "insostenible" por lo que su dueña decidió ponerla a la venta para lo que firmó un contrato privado con la vidente que establecía una comisión de 180.000 euros para ésta por la venta, si bien en 2015 decidió despedirla "ante la situación económica" vigente.
En su momento, la Audiencia de Gipuzkoa argumentó la absolución de esta mujer en el hecho de que tanto la directora de la residencia como su hija habían acudido "voluntariamente" a los servicios de la vidente y abonaban los servicios que les proporcionaba.
Este comportamiento, a juicio del tribunal, pese a nutrirse "de las creencias de las personas", "difícilmente puede integrar el tipo penal del 'engaño bastante' en los términos de "conocimiento medio y usual entre las personas", como requiere el tipo de la estafa, una situación que solo se apreciaría en un escenario creado para inducir a una persona a "acudir" a estas sesiones "mediante algún tipo de maquinación" o en el caso de haberse tratado de una víctima "de especial vulnerabilidad", de la que se hubieran "aprovechado" para "manipular" su creencia e incluso su voluntad.
