- Activistas de la plataforma Stop Desahucios de Gipuzkoa protestaron ayer, ante la sede del Gobierno Vasco en Donostia, por el próximo desalojo de seis familias en situación vulnerable de los apartamentos dotacionales de alquiler (ADA) en los que residen desde hace cinco años.

La portavoz del colectivo, Rosa García, denunció y explicó a los medios informativos las circunstancias del caso en una concentración celebrada ante la delegación de la calle Andia, en la que participaron afectados y cargos públicos de Elkarrekin-Ezker Anitza/IU y EH Bildu.

Según señaló, las familias o personas solas que viven en ADA situados en el barrio donostiarra de Intxaurrondo y en Hernani han terminado ya sus respectivos contratos de cinco años “improrrogables” y han recibido escritos del delegado guipuzcoano de Vivienda en los que les insta a entregar las llaves en noviembre y enero próximos.

De no hacerlo -leyó García-, les dice que “iniciarán los trámites oportunos para proceder al desalojo” y al “cobro” de “indemnización por daños y perjuicios”.

Debido a sus “modestos” ingresos, ninguna puede acceder a un alquiler en el mercado libre, aseguró la responsable de Stop Desahucios, quien recordó que el precio medio en Gipuzkoa es de 1.138 euros mensuales, según la encuesta de oferta inmobiliaria del segundo trimestre de 2021 “publicada por el propio Gobierno Vasco”.

Todas ellas han solicitado acogerse al “derecho subjetivo” a una vivienda digna que contempla la legislación vasca pero, como denunció García, les ha sido denegado, en la mayoría de los casos, por “sobrepasar en cantidades ridículas” los topes de 9.000, 12.000 y 15.000 euros brutos anuales para unidades familiares de 1, 2 y 3 o más miembros, respectivamente.

Agregó que las seis familias cuentan con sendos informes de vulnerabilidad emitidos por los Servicios Sociales municipales de Donostia y Hernani, y también están inscritas en el Servicio Vasco de Vivienda Etxebide.