eajerik ez. Es un lema años convertido en una especie de grito de guerra de los transportistas del territorio y el sindicato Hiru es un buen exponente de esta lucha. Cuenta en la actualidad con cerca de 800 asociados y el pasado 2 de junio acudió a los juzgados de Donostia a interponer una demanda contra los responsables de la Diputación y Bidegi por mantener “de forma irregular” el peaje a camiones de la N-I y la A-15, haciendo caso omiso de las resoluciones judiciales que han desautorizado la norma foral que está en vigor hasta que se apruebe la tercera, entre febrero y marzo de 2022.
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“Lo que está pasando, que nos parece más grave, una gran irresponsabilidad, no es que hayan propuesto otra norma foral, más cara, sino que sigan cobrando y no se devuelva automáticamente todo lo cobrado irregularmente”, insiste. “¿Un político puede hacer eso?”, se pregunta Jon Altuna, portavoz de esta organización en declaraciones a NOTICIA DE GIPUZKOA. La Diputación dice que puede hacerlo hasta que la sentencia se publique en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.
“La Diputación actúa con afán recaudatorio y sigue castigando a los transportistas, que hacemos un servicio público”, insiste Altuna. El sindicato Hiru ya trasmitió la misma idea a sus asociados en su última revista: “Oiarbide (diputada de infraestructuras) ha insistido últimamente en que el peaje se pone a los camiones, no a los camioneros, así que quien compra la carga del camión paga esos gastos, igual que nosotros cuando cogemos un taxi pagamos el peaje además del viaje. Totalmente de acuerdo, es lo que Hiru ha defendido siempre, que el usuario de la carretera es la propia carga, pero la realidad es que la mayoría de los transportistas tiene enormes dificultades para repercutir esos gastos a sus clientes. Es prácticamente imposible, viendo lo ajustado que está el sector”, afirman. Es decir, se encuentran entre la espada y la pared y auguran que serán los únicos paganos con el peaje.
“El transportista está en la carretera cumpliendo ese cometido de trasladar los productos que consume la sociedad y los materiales que demandan las empresas, no por gusto, sino respondiendo a las necesidades de la población. El usuario es la propia mercancía y poner peajes solo a los transportistas supone cargar el repago de las carreteras a la parte más débil de la cadena. Ese peaje es discriminatorio a todas luces, no porque los pórticos de pago se sitúan en la entrada y salida de la N-I”, añaden. Altuna insiste en que “se trabaje para proteger al sector”, articulando medidas, y se reconozca su “valor estratégico”.
