- El lehendakari aseguró ayer, tras conocerse el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que no autoriza al Gobierno Vasco la prórroga de medidas restrictivas de la movilidad y el agrupamiento de personas, que “resulta muy difícil de entender, y de explicar a la ciudadanía, que las mismas medidas den lugar a resoluciones judiciales diametralmente opuestas en diferentes comunidades autónomas”. Iñigo Urkullu afirmó que, ante la ausencia del aval judicial requerido para mantener las restricciones, a su Ejecutivo le corresponde ahora “dar certezas” a la sociedad vasca y adoptar decisiones para seguir luchando contra la expansión del virus.
En una comparecencia para informar del decreto con las regulaciones que se pondrán en marcha tras el decaimiento del estado de alarma, el lehendakari explicó que el Gobierno Vasco tuvo que solicitar la autorización del TSJPV para mantener una serie de “medidas que están contrastadas como las más eficaces ante el riesgo de transmisión del virus” y que, “negada esa autorización”, el Ejecutivo ha tenido que “adecuarse y adaptarse” a la situación.
Iñigo Urkullu reiteró que no tiene intención de “judicializar este proceso” y renuncia a llevar ante el Tribunal Supremo la decisión contraria a su decreto del TSJPV. Puntualizó que un recurso ante el Supremo puede no ser útil para mantener una continuidad en las medidas preventivas ante el coronavirus, ya que las deliberaciones requieren tiempo. También recordó que desde el propio órgano judicial se ha criticado la decisión del Gobierno español de dejar en sus manos la unificación de criterios administrativos tras el fin del estado de alarma. “El ejercicio responsable como Gobierno ante el próximo decaimiento del estado de alarma es ofrecer certidumbres a la sociedad, no dejarla en un limbo de lo que pueda pasar tras un recurso al Tribunal Supremo”.
El lehendakari insistió en “el desconcierto generalizado” que supone que unas mismas limitaciones o restricciones sean autorizadas por los tribunales superiores de unas comunidades autónomas y vetadas por otros y señaló que, aunque otros gobiernos autonómicos decidan recurrir al Tribunal Supremo, que éste les pueda dar la razón en sus sentencias “es una hipótesis” que no contribuye a esa certidumbre que requiere la sociedad. De hecho, el TSJPV es, hasta ahora, el único alto tribunal autonómico que no considera justificado mantener el toque de queda o limitar las reuniones.
Urkullu reveló que ayer recibió la respuesta -“un acuse de recibo”- a la carta que había enviado al presidente español, Pedro Sánchez, el 22 de abril solicitando formalmente la prórroga del estado de alarma, pero no quiso detallar su contenido.
Por lo que respecta a la respuesta del TSJPV a la solicitud de autorización previa por parte del Gobierno Vasco para las medidas que preveía establecer en el decreto a aplicar al acabar el estado de alarma, la Sala de lo Contencioso administrativo determinó en su auto que no se pueden mantener el toque de queda nocturno, los confinamientos perimetrales autonómico o municipales, ni el límite de agrupaciones de cuatro personas. El TSJPV considera que el ordenamiento jurídico no permite a las comunidades autónomas restringir derechos fundamentales de forma general. El auto conocido ayer basa su argumentario en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. En este sentido, el Tribunal apunta que es la autoridad sanitaria competente “quien puede y debe adoptar las medidas que se consideren necesarias en el caso de la existencia de un riesgo para la salud de carácter transmisible” y que “sólo por Ley del Estado pueden establecerse limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales”.
El lehendakari explicó que tanto la Ertzaintza como las policías locales de Euskadi y las administraciones procederán “como antes de la pandemia” para impedir la práctica “absolutamente insana” del botellón, a pesar de no contar con la herramienta de la limitación de agrupaciones o de la movilidad nocturna y recordó que aunque ahora “no contamos con esas limitaciones”, el consumo de alcohol en la calle está prohibido.
En este sentido, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que las fuerzas de seguridad del Estado seguirán velando por el cumplimiento de las restricciones que puedan acordar las comunidades autónomas en sus respectivos territorios. Marlaska también señaló que, dentro de la “cogobernanza”, las autonomías cuentan con los instrumentos necesarios para tomar las medidas pertinentes para garantizar la salud de los ciudadanos.
En cuanto a esas alternativas en manos de los gobiernos autonómicos, la portavoz del Gobierno español, María Jesús Montero, aseguró ayer que las comunidades cuentan con los mecanismos adecuados para adoptar medidas y defendió el decreto ley que permitirá al Tribunal Supremo unificar doctrina.
“ No quiero judicializar este proceso, quiero ofrecer garantías a la sociedad vasca”
Lehendakari
“Las fuerzas de seguridad actuarán en base a las medidas de cada territorio”
Ministro del Interior
“Las comunidades cuentan con los mecanismos adecuados para adoptar medidas”
Portavoz del Gobierno español
“Solo por ley del Estado pueden establecerse limitaciones a derechos fundamentales”
Auto judicial
“La atención a la ciudadanía que requiera una acción inmediata está garantizada”
Consejera de Salud
