España se convierte en el sexto país del mundo que legaliza la eutanasia

Solo PP, UPN y Vox rechazan regular la muerte digna Podrán pedirla enfermos graves e incurables con "un sufrimiento físico o psíquico intolerable" y sin curación 4 veces

18.12.2020 | 01:33
Concentración celebrada ayer por Derecho a Morir Dignamente frente al Congreso. Foto: Efe

Madrid – La eutanasia será pronto una realidad en España tras la aprobación ayer en el pleno del Congreso, con una amplia mayoría y el voto en contra del PP, Vox y UPN, de la proposición de ley que regulará la ayuda médica para morir. Tras un duro debate sobre la vida, la muerte y el derecho de cada persona a poner fin a sufrimientos intolerables sin perspectiva de curación o mejoría, 198 diputados votaron a favor de la ley, 138 en contra y 2 se abstuvieron, con lo que la norma pasará ahora al Senado y será aprobada definitivamente en 2021. España pasará a ser el sexto país del mundo donde se regula legalmente tras Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda.

PP y Vox reivindicaron los cuidados paliativos como alternativa a la eutanasia, pero el resto del hemiciclo subrayó que no bastan y apostó por una ley considerada garantista y que amplía derechos despenalizando la ayuda médica a morir en un centro sanitario o en el domicilio, tras un proceso deliberativo y con el control de una comisión especifica.

El derecho a la eutanasia se incluirá como una prestación en el Sistema Nacional de Salud, el paciente deberá confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo del proceso, y los médicos podrán acogerse a la libertad de conciencia.

Los nombres de Ramón Sampedro, la vizcaina Maribel Tellaetxe, María José Carrasco y su marido Ángel Hernández, el médico Luis Montes o la organización Derecho a Morir Dignamente fueron recordados en muchos de los discursos en una sesión que ha concluido con un largo aplauso. "Como sociedad, no podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento intolerable que padecen muchas personas; España es una sociedad democrática lo suficientemente madura como para afrontar esta cuestión", subrayó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ante una ley que impone "sentido común y humanidad".

Desde el PSOE, impulsor de la iniciativa, tomó la palabra la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo, quien defendió una norma que avanza en derechos civiles; que piensa en la "condición humana", que es vida, pero también enfermedad, padecimiento y muerte; y que habla de "humanidad, empatía y compasión". Dejó claro que el Estado "ni impone ni obliga", pues la eutanasia queda como una decisión autónoma del paciente, y rememoró cómo la derecha en el pasado se embarcó también en "batallas apocalípticas" ante otros derechos, que, "pasado un tiempo, se asumen y, pasado un tiempo, se practican". Recordaba así, como hicieron Ciudadanos, Más País y EH Bildu, el rechazo del PP a las leyes del divorcio, el aborto y el matrimonio homosexual.

Tras pasar por el pleno del Congreso, la ley avanza en su tramitación parlamentaria y podría estar aprobada en los primeros meses de 2021. La norma despenaliza la ayuda médica para morir y detalla quién, cuándo y con qué requisitos podrá prestarse.

Según el texto actual, la ley entrará en vigor tres meses después de publicarse en el Boletín Oficial del Estado y, entonces, aquellas personas mayores de edad que padezcan una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que cause "un sufrimiento físico o psíquico intolerable" sin posibilidad de curación o mejoría podrán solicitar ayuda médica para morir, prestación que se incluirá en el Sistema Nacional de Salud.

El paciente deberá confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo del proceso, que se puede alargar algo más de un mes desde que lo solicita por primera vez, y en cualquier momento podrá echarse atrás o aplazar la eutanasia.

La ley contempla además el derecho de los médicos a lo objeción de conciencia y establece la creación de una Comisión de Garantía y Evaluación en cada comunidad autónoma, formada por médicos y juristas para controlar cada caso.