- La consejera de Sostenibilidad, Desarrollo Económico y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, confía en que la tasa de vertidos de residuos industriales pueda regularse en la próxima Ley de Administración Ambiental de Euskadi a través del trámite parlamentario de enmiendas que comienza los próximos días.
El Consejo de Gobierno vasco aprobó ayer el proyecto de Ley de Administración Ambiental de Euskadi, que a partir de ahora se remitirá al Parlamento Vasco para que los grupos puedan defender sus enmiendas para mejorar el texto.
El contenido del proyecto de ley es el mismo que el Consejo de Gobierno aprobó la pasada legislatura, concretamente el 23 de julio de 2019, y que decayó en la Cámara al no poder cumplimentarse todos los plazos para su aprobación. En el texto no se incluye la regulación de una tasa de vertidos de residuos industriales cuya creación ya anunció la consejera el pasado 23 de octubre, pero Tapia apostó ayer porque este impuesto se añada a la citada ley a través del trámite de enmiendas para que Euskadi se equipare a otras comunidades autónomas donde sí está implantada.
La consejera defendió esta tasa para que las empresas industriales hagan las inversiones necesarias para que los residuos que se generan sean los menores posibles y para colaborar con la “economía circular”. “La tasa puede ser incluida en la ley”, remarcó Tapia tras explicar algunos de los detalles del proyecto de ley de Administración Ambiental, uno de cuyos objetivos es simplificar la tramitación administrativa y unificar procedimientos manteniendo los estándares de calidad.
En uno de sus apartados el proyecto establece la prohibición de contratar con la Administración pública o la imposibilidad de obtener subvenciones públicas en los casos en los que se hayan cometido infracciones muy graves o graves medioambientales hasta que no se hayan ejecutado las medidas correctoras y se haya satisfecho el importe de la sanción.
Entre las infracciones muy graves figuran la construcción y explotación sin la preceptiva autorización ambiental integrada o la ejecución de una actividad e instalación que haya producido un daño grave para el medio ambiente o haya puesto en peligro la seguridad o salud de las personas. Además se creará un registro de personas infractoras sobre las que recaiga una resolución firme.
