- Nuevo varapalo judicial para el sindicato ELA. Después de que la pasada semana los juzgados de lo Social números 1 y 5 de Gipuzkoa rechazaran las demandas del sindicato contra la Diputación y las empresas gestoras de las residencias Iurreamendi de Tolosa (Eulen) y San José de Ordizia (Zu eta biok), ahora la Justicia vuelve a considerar que en los centros Argixao de Zumarraga (Gerozerlan) e Iturbide de Arrasate (Servicios Sociales Aita Meni), la gestión de la situación derivada de la crisis sanitaria del COVID-19 ha sido "adecuada" y no se vulneraron "el derecho a la salud, la vida e integridad física" de las trabajadoras, tal y como denunció el sindicato.
Sendas sentencias, dictadas por la magistrada Julia María Bobillo, del Juzgado de los Social nº1 de Eibar y a las que ha tenido acceso NOTICIAS DE GIPUZKOA, fallan que "en el complejo escenario que se manifestaba, debiendo poner en práctica multitud de normas, disposiciones y órdenes cambiantes, y contando con un escaso volumen de medios sanitarios, en todo momento proporcionó a las trabajadoras del centro la información, formación y material de protección exigibles que estaban a su alcance".
Además, recogen que "la empresa ha seguido las recomendaciones existentes para cada caso, teniendo en cuenta que, a pesar de la escasez de material siempre han dispuesto de batas, guantes", realizándose su distribución "incluso con carácter previo a la declaración del estado de alarma".
Dictan, asimismo, que se ha llevado a cabo una actuación "permanente, continua y diligente en la medida de lo posible", tanto en lo referente al cumplimiento de la normativa existente como en la distribución de los medios de protección necesarios para que las trabajadoras desarrollen su labor.
Por todo ello, estiman que la gestión realizada ha sido "adecuada", y concluyen que "no ha existido la vulneración de derechos fundamentales" alegados por el sindicato.
Estas sentencias llegan después de que la pasada semana se rechazaran las demandas presentadas contra las residencias Iurreamendi de Tolosa, gestionada por Eulen, y San José de Ordizia, que opera Zu eta Biok. En aquella ocasión, dos juzgados de lo social de Gipuzkoa (números 1 y 5), fallaron contra el sindicato al entender que las empresas "han desplegado una actividad continua y diligente" con respecto a las medidas adoptadas para la protección de las trabajadoras de estos centros.
En las últimas semanas, ELA ha presentado ocho demandas contra otras tantas residencias en Euskadi, cinco de ellas en Gipuzkoa, de las que queda pendiente de resolución la presentada ante el centro Berra de Donostia.
Al igual que las sentencias conocidas la pasada semana, ante estos dos nuevos fallos cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en el plazo de cinco días.
