La reformulación del modelo de Estado bajo el reconocimiento de la realidad nacional vasca sigue ocupando un reglón destacado en el capítulo de tareas pendientes ante la terquedaz del Gobierno español de relegarlo al cajón por la dificultad que entraña la pertinente reforma constitucional que clarifique este escenario. Las fuerzas soberanistas han valorado siempre este elemento como factor aglutinador dentro de una Euskadi abierta y plural mientras que desde el espectro constitucionalista, también en la CAV, lo contemplan como un asunto entre inoportuno y estéril. A lo largo de los tres mandatos que Iñigo Urkullu ha encadenado como lehendakari se han planteado sobre la mesa distintos mecanismos de renovación territorial que actualicen el autogobierno vasco en este ámbito, el último de ellos la llamada Convención Constitucional que permitiría esta revisión sin necesidad de trastocar la Carta Magna más allá de consensuar su interpretación. Bien por falta de pedagogía política, bien por la demonización de estos planteamientos, la efervescencia de las demandas se fue tan rápido como llegó pese a que a lo largo y ancho del mundo existen ejemplos que demuestran la posibilidad de una convivencia sostenida en términos de reconocimiento del diferente desde el respeto recíproco, sin altanería ni imposiciones.
“El debate sobre el modelo territorial exige contemplar los ámbitos de decisión comunitaria de nuestras respectivas naciones”, ha sostenido la mayoritaria formación jeltzale en su guía de acción, apelando a crear “oportunidades nacionales” para dar un nuevo salto. “La cuestión nacional vasca es lo que hace que se cree el PNV, el objetivo político es la constitución de un Estado vasco que nos una. El principio democrático es la fórmula de legitimación del proyecto político de una nación como la vasca y, para eso, hace falta una voluntad política continuada”, defendía en puertas de materializarse una nueva alianza con el Gobierno de Sánchez. Urkullu ha recordado en varias ocasiones las puertas que abre la disposición primera de la Constitución al amparar el respeto a los “derechos históricos de los territorios forales” y que a ello se suma el aval que aporta el Estatuto de Gernika, que en su disposición adicional recuerda que el Pueblo vasco no renuncia a los derechos “que le puedan corresponder en virtud de su historia”.
Previamente a la formulación de la Convencion Constitucional, el todavía lehendakari se refugió en otras herramientas: en 2021, en su discurso de inicio de curso político, apeló al régimen foral anterior a las guerras carlistas, a la soberanía de la que disfrutaba Euskadi antes de 1839, instando a trabajar por una “restitución de los fueros” plena que permitiría reinstaurar una relación entre la CAV y el Estado similar a la de entonces. En 2015, tres años después de acceder al cargo, propuso el esquema de una nación vasca dentro de un Estado plurinacional y que basaría su relación en el “reconocimiento mutuo” con España, en un entendimiento de pacto y bilateralidad y con respeto mutuo. En 2012, en su estreno, incluyó en su programa actualizar el encaje territorial “desfasado” mediante un nuevo marco de relación, un “nuevo estatus”, y haciéndolo consensuando un nuevo Estatuto Vasco que superara al de 1975 y que una vez acordado entre los partidos fuera sometido a referéndum en Euskadi antes de llevarlo a su votación y debate en las Cortes.
Hubo que aguardar a 2019 para que el Parlamento Vasco, tras los trabajos de una Ponencia de Autogobierno, registrara las propuestas de nuevo Estatuto: una de la mano del PNV, PSE y Podemos que consensuaba una buena parte de su articulado pero no aspectos como el derecho a decidir, otra de EH Bildu y una tercera del PP. Los documentos a debatir permanecen en impasse. En todo este tiempo Urkullu también se afanó en ofertar un Concierto Político a semejanza del Concierto Económico que tan buenos resultados ha germinado durante cuatro décadas, una modernización de la relación entre Euskadi y el Estado “de igual a igual”, con la “bilateralidad” como rango de relación y el acuerdo como garantía de cumplimiento de lo acordado.
En el rango internacional, frente a la estructura vertical de los Estados-Nación se alzan los pueblos que exigen descentralización y centros propios de decisión. Sin embargo, la disparidad de opiniones en el Estado respecto a la finalidad de dicha reforma del modelo territorial, incluso entre los sectores más favorables de la izquierda, ha supuesto siempre un dique de contención en tanto que, como sostiene una mayoría de analistas, la revisión de la Constitución es “la gran asignatura pendiente de la sociedad española”. Los límites de la Transición de 1978 hicieron que ésta no respondiera en lo referente a la estructura territorial. Y cuando se abre el melón irrumpe la obligada modificación del Título VIII de la Carta Magna. No pocos entienden que la solución no se alcanzará hasta que emane un mandato en este sentido a través de unas elecciones con sentido constituyente, y donde todos tengan que retratarse, también desde la periferia con concreciones.
Cogobernanza
Desde la órbita centralista, los socialistas, que se han dedicado a sacar pecho por un sistema de cogobernanza al que se le han visto las costuras, siempre han reivindicado una “reforma federal de la Constitución” para solucionar materias tan diversas como el encaje de las nacionalidades, frente al portazo ultramontano de las derechas. Pero, lejos de amainar, cada vez es menor el sosiego para encarar una diatriba de semejantes características. Además, las anteriores ocasiones en que se ha modificado la Constitución no sirven de referencia. Las dos que se han hecho no han sido reformas, sino exigencias de la Unión Europea, una por el Tratado de Maastricht y la otra cuando en 2011 se modificó el artículo 135 de la Carta Magna, incorporando el concepto de estabilidad presupuestaria, que en verdad resultó ser más un decreto ley.
Fue el pasado septiembre cuando el lehendakari Urkullu defendía la Convención Constitucional como fórmula “creativa y flexible” para afrontar “la encrucijada” del logro de la plurinacionalidad, con el fin de que el actual problema de “la integración razonable de las comunidades históricas” en el modelo de Estado no se “cronifique y resulte irresoluble”, y evitar así que el sistema “se pudra”. En este sentido, emplazaba a comenzar el camino desde Euskadi con un acuerdo interno que “conduzca a un pacto entre las instituciones vascas y el Estado”, sin imposiciones. “El cambio de 1978 se quedó en una descentralización política y administrativa”, sin ir “más allá”. Según resaltaba, la pregunta clave es: “¿por qué en un Estado solo puede haber una nación?, ¿por qué el Estado español no puede ser plurinacional?”. “No sería una fórmula mágica ni un camino expedito, pero se abrirían otras posibilidades de desarrollo futuro”, puntualizaba, al tiempo que advertía al Estado de la necesidad de no confundir “igualdad con uniformidad”. “El reto es difícil, pero no imposible: diversidad sin discriminación y un marco jurídico para la institucionalización de cada realidad política y jurídica según sus propias características”, resumía. “El Estado no te va a regalar nada, tú tienes que conquistarlo, tienes que reclamarlo y conseguirlo por vías políticas y democráticas”, exhortaba recientemente un dirigente jeltzale. Porque la patata caliente sigue sin ser pelada.
Las claves
La última propuesta de Urkullu: la ‘convención constitucional’
Han sido varias las propuestas que el lehendakari Urkullu ha puesto sobre la mesa desde que accedió al cargo hasta su última legislatura. Recientemente, ofreció la fórmula de la ‘Convención Constitucional’ para afrontar la encrucijada de la plurinacionalidad con el fin de evitar que “el sistema se pudra”. Basada en una reinterpretación de la Carta Magna, se preguntaba “por qué en un Estado solo puede haber una nacion”. En otras ocasiones, se ha referido a gestar un Concierto Político al estilo del Concierto Económico, o aludió al régimen foral previo a las guerras carlistas, a la soberanía con la que contaba Euskadi antes de 1839.
Nuevo estatus proyecto que sigue sin cristalizar
Tras los trabajos de una Ponencia de Autogobierno, en 2019 llegó al Parlamento Vasco las propuestas de Nuevo Estatuto: una de PNV, PSE y Podemos, que consensuaba buena parte del articulado pero no recogía el derecho a decidir, otras de EH Bildu y otra del PP. Los documentos a debatir permanecen en compás de espera, y no se vislumbra fácil el camino. Enfrente, un Estado que apela al Título VIII de la Carta Magna.
