- La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aseguró ayer que ve “indicios suficientemente sólidos” para juzgar a la actual presidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, por presunto fraude administrativo cuando era directora de la Institución de las Letras Catalanas.
En su auto, el magistrado instructor da por finalizada la instrucción y la traslada al Ministerio Fiscal para que presente el escrito de acusación o la petición de archivo del procedimiento de Borràs y otras tres personas en un plazo de diez días.
El TSJC les acusa de presunto delito continuado de prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos.
El magistrado asegura que, una vez terminada la instrucción, “el resultado de las diferentes diligencias permite apreciar como hechos indiciariamente acreditados” que constituirían dichos delitos.
El auto explica que Borràs fue nombrada directora de ILC el 15 de enero de 2013, y que entre marzo de 2013 y febrero de 2017, la ILC adjudicó por medio de su directora 18 contratos menores relativos a la programación y mantenimiento del portal web de la institución. El magistrado detalla que seis de los contratos fueron adjudicados a Isaías H., por un importe global de 112.503,50 euros, otros seis a Xarxa Integral -por 101.035 euros en total-, tres a Freelance -por 54.437,90 euros en total-, y otros tres a APMG&CE SL -por 21.175 euros-, Andreu P.M. -por 20.025,50 euros- y Smartcooper -por 21.265,75-.
“La contratación subió a un total de 330.442,65 euros, de los cuales la ILC por sí misma o a través del ICO satisfizo 309.176,90 euros”, añade, y explica que Borràs intervino en todos los contratos proponiendo la contratación, acordando la adjudicación, aprobando los gastos, certificando la ejecución del servicio con la factura correspondiente y autorizando el pago.
Asimismo, el magistrado apunta que Borràs presuntamente abusó de las funciones como directora de ILC “dictando resoluciones injustas”, siendo consciente de que las adjudicaciones entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora de los contratos del sector público, favoreciendo los intereses de Isaías H., en detrimento de la defensa de los intereses generales.
También explica que la comunicación por correo electrónico entre Borràs y Isaías H. “son indicios suficientemente sólidos de la concertación entre ellos dos para defraudar a la ILC”.
En este contexto de actuaciones judiciales, la propia Borràs, junto a varios consellers del Govern y dirigentes de ERC, JxCat, la CUP y Òmnium Cultural, arroparon ayer a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ante lo que calificaron de nueva muestra de la “represión” del Estado.
La consellera Garriga (ERC) comparece ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que debe notificarle su procesamiento por su papel en la organización del 1-O y ofrecerle la oportunidad de declarar de nuevo, antes de que el caso se envíe a juicio. En declaraciones a los medios, la secretaria general de ERC, Marta Vilalta, defendió a Garriga como “una servidora pública” a la que ahora se “persigue por haber colaborado en el referéndum”, que “nunca es delito”, subrayó.
