Josu Erkoreka VICELEHENDAKARI PRIMERO, CONSEJERO DE SEGURIDAD Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE traspasos

"Vamos a devolver todas las multas del primer estado de alarma para evitar la discriminación"

02.10.2021 | 01:16
"Vamos a devolver todas las multas del primer estado de alarma para evitar la discriminación"

Tras la sentencia que anuló el confinamiento de marzo a junio de 2020, Erkoreka ha hallado la vía para cancelar las multas pagadas, y no solo las tramitadas. Son 1,6 millones

donostia – Josu Erkoreka recibe a este periódico el viernes al mediodía. Poco antes, el lehendakari había anunciado que el martes se pondrá fin a la emergencia sanitaria, aunque todavía preocupan los macrobotellones.

¿Qué sensaciones le deja que EH Bildu rechazara los altercados en los botellones pero evitara apoyar a la Ertzaintza en el Parlamento?

—No le sorprendió a nadie. Está resultando difícil para ellos venderse ante la sociedad vasca como un partido con plena capacidad para gobernar por la trayectoria que tienen y por sus frecuentes tics antisistema. Constatar que hay instituciones nucleares de este país con las que viven una situación de antagonismo irreconciliable, como la Ertzaintza, pone claramente de manifiesto que es uno de sus grandes hándicaps para gobernar.

¿Cabe abrir un debate sobre la proporcionalidad de las actuaciones de la Ertzaintza como pedía EH Bildu, que hablaba del caso de una hostelera desnudada? ¿Esto le consta?

—El principio de la proporcionalidad de la Policía no es una reivindicación de EH Bildu. Es un principio recogido en todas las pautas de actuación de los sistemas democráticos. Es una de las pautas de la Ertzaintza, recogida en la propia Ley de Policía. Actuaciones internas o judicializadas de exigencia de responsabilidades a un er-tzaina en particular se producen con absoluta normalidad porque forman parte del sistema para depurar su actuación y asegurar que todos sus efectivos proceden con arreglo a la ley.

Sobre las personas que participan en estos altercados, dice el PP que ve "la marca del odio de la izquierda abertzale". ¿Usted también?

—Estos altercados no son una realidad monolítica. Me dicen que en enero dije una cosa y ahora otra, pero a lo largo del tiempo evolucionan. Hay actuaciones que son expresión de gente egoísta. Hay negacionistas. Y hay quien ha aprovechado la pandemia para alimentar uno de sus objetivos políticos: desestabilizar el marco institucional en general y atacar puntualmente a un gobierno determinado. Aunque en invierno ha habido casos donde el motor principal del enfrentamiento con la Policía era de carácter político y estaba el componente vinculado a la izquierda abertzale, ahora esa caracterización no es la prevalente, sin perjuicio de que algunos puedan unirse a las algaradas. Luego hay colectivos fronterizos. Vimos en invierno cartelería del mundo de la izquierda abertzale que interpretaba la pandemia como pretexto para controlar a la juventud. Está en la frontera de lo que preconizan los negacionistas, que hablan del chip de control social. Entre lo que dice Miguel Bosé y lo que dicen los carteles de Ernai la distancia es muy pequeña.

¿Ha arrojado algún resultado la investigación a Ernai por un delito de odio contra la Ertzaintza?

—Está en manos de la Fiscalía. Lo que dije es que el mensaje era de odio, porque utilizaban la expresión "odio". Si es o no delito de odio, lo dirán las autoridades judiciales. En lo estrictamente político, aun en el supuesto de que la Fiscalía archivara el expediente, la pregunta es: ¿el modelo de convivencia de la izquierda abertzale pasa por considerar legítimo que las personas construyan discursos de odio mutuamente, entre unos y otros, siempre y cuando no se superen las fronteras del delito? Yo no lo concibo así.

Sobre los macrobotellones, ha mantenido una reunión con el alcalde de Bilbao. También se ha hablado de sanciones, y de la posibilidad de conmutarlas por trabajos comunitarios o por una dinámica educacional. ¿Cuál es el planteamiento?

—El planteamiento no hace tanto referencia a la normativa sancionadora, que es la que está en vigor y no es la misma en función del ámbito en que se aplique, sino a los dispositivos que hay que establecer. Queremos responder de la manera más eficaz, porque preocupa a muchos vecinos y genera una enorme cantidad de basura.

Los tribunales han devaluado las sanciones. El Tribunal Constitucional paralizó las multas impuestas en el primer estado de alarma (de marzo a junio) y da la sensación de que quedan en papel mojado. ¿Qué pasará con las personas que hicieron 'pronto pago' y en teoría no pueden recuperar el dinero?

—Se ha debatido mucho sobre el significado de esa sentencia. Es un debate conceptual que tiene su interés para los estudiosos pero, para quienes estamos gestionando la responsabilidad de la salud pública, tiene un efecto desmotivador inmenso. En el primer estado de alarma, entre las policías locales y la Ertzaintza se pusieron 22.900 denuncias que requieren un esfuerzo tramitador importantísimo. No era un capricho, porque del cumplimiento de la normativa dependían la salud y la vida de muchas personas. Y el trabajo no ha servido para nada. Cuando nos encontramos con la sentencia, primero nos encontramos con un mandato confuso. Se suspendieron los expedientes en tramitación, pero había otros casos. Había 5.200 aproximadamente que estaban pagados por pronto pago. Otras personas habían hecho sus alegaciones, se habían resistido, y habían esperado a la resolución final sancionadora. Las sancionadoras fueron unas 2.900. Tras un análisis jurídico contrastado, hemos llegado a la conclusión de que la sentencia exige deshacer prácticamente todo el marco sancionador.

¿Qué han decidido?

—No solo paralizar los expedientes, sino devolver lo ya pagado, sea por pronto pago o porque se tramitó el expediente y se acabó imponiendo la sanción y se pagó. Una lectura más rigurosa de la sentencia en el marco de otra jurisprudencia dictada por el propio Tribunal Constitucional en relación con supuestos parecidos nos lleva a devolverlo todo. Son unos 1,6 millones. Eso está pendiendo en el ánimo de los responsables de Seguridad. Ahora tienen que salir a la calle a cumplir sus funciones y garantizar el cumplimiento de la normativa, y no se sabe hasta qué punto la actuación va a quedar en agua de borrajas porque va a venir por detrás un tribunal que va a echarlo todo por tierra. Es un factor de desánimo importantísimo.

¿Se devolverá el dinero porque el Gobierno Vasco ha buscado activamente un resquicio para evitar un agravio comparativo con quienes pagaron a la primera?

—Nos hemos lanzado a buscar si había una manera de aliviar o hacer desaparecer ese factor de discriminación. Una vez de que el Tribunal Constitucional ha echado para atrás el estado de alarma, veíamos que la situación podía generar efectos discriminatorios graves en quienes, en un ejemplo de civismo, se habían adelantado, iban a pagar y se acogieron a las posibilidades que la ley ofrece. Sin embargo, se podían beneficiar quienes, en una posición más cicatera, habían retrasado todo lo posible el pago. Hemos visto que era jurídicamente posible. Si la sentencia no hubiera permitido devolver el dinero, nos podríamos encontrar con una situación muy delicada con el Tribunal de Cuentas y con la posibilidad de incurrir en una responsabilidad contable, o responsabilidad penal.

¿Los tribunales no han arrimado el hombro en esta crisis?

—No se puede generalizar. Lo que en unas comunidades era posible; en otras, no. El Supremo dijo que las comunidades pueden dictar restricciones de derechos dentro de unos límites y con proporcionalidad. Pero aquí se dice que esa competencia no existe. En Euskadi se ha adoptado la posición más antiautonómica.

¿Están actuando como contrapoder el juez Garrido en Euskadi, con decisiones como los aforos en el fútbol, y el Tribunal Constitucional con Sánchez y el estado de alarma?

—No quiero personalizar y cada uno sabrá qué designio persigue. En el caso del Tribunal Constitucional, que tiene una composición eminentemente política, no sé si resuelve problemas jurídicos con argumentos políticos.

El lehendakari pondrá fin a la emergencia sanitaria el martes. ¿Habrá barra libre o seguirán medidas como la mascarilla en interiores?

—El uso de la mascarilla está regulado por norma del Estado, que establece su uso en el interior, y en el exterior cuando no sea posible mantener las distancias. La desaparición de la emergencia supondrá la desactivación de una buena parte del dispositivo pero, en la medida en que siga en vigor una normativa del Estado, algunas seguirán en vigor. Luego, lógicamente, aquí tenemos unas competencias y tenemos un Departamento de Salud que, si contempla la necesidad de tomar medidas aquí o allá, siempre proporcionadas, lo irá haciendo.

Los datos abocan a que la hostelería recupere la normalidad tanto en horarios como en aforos.

—No me atrevo a hacer pronósticos porque la reunión seguirá las recomendaciones de la comisión técnica. Y, si algo hemos aprendido de la pandemia, es a no dar nada por hecho.

¿Le preocupa que Vox pueda cortocircuitar la acción del Gobierno Vasco, con sus recursos contra el uso del euskera y la Ley Antipandemia?

—Vox como factor en las Cortes Generales, con capacidad para interponer recursos de inconstitucionalidad, es un factor de riesgo y distorsionante no para el Gobierno Vasco, sino para cualquier otro, e incluso para el central, porque el recurso sobre el estado de alarma lo puso Vox. Siempre hemos hablado de la parte conservadora del tribunal dando por supuesto que sintonizaba con el PP, pero con quien sintonizan algunos es con Vox. Con un TC con las sintonías políticas que tiene últimamente, Vox se estará frotando las manos.

¿Extrae conclusiones del acuerdo sobre la Ley de Conservación del Patrimonio Natural con Bildu y PP? ¿Va a marcar tendencia? Podemos, que parecía llamado a dar continuidad a los pactos, se ha desmarcado.

—No me atrevería en absoluto a definir esa fotografía como tendencia. Entre otras cosas, porque en el Parlamento se producen muchos acuerdos y en muchas direcciones, y todas las semanas; y la producción legislativa tampoco está muy avanzada. Más allá de los proyectos de ley, en mociones o proposiciones no de ley, en torno a la mitad se pactan. No es tan excepcional, otra cosa es la imagen que quiera dar la oposición, insistiendo en la idea de que este gobierno es una especie de caterpillar que pasa por encima de la oposición e impone su mayoría a sangre y fuego.

Erne y Euspel se concentrarán ante el Euskalduna el día 6, en la visita del rey español. Los sindicatos de la Ertzaintza dicen que no dialoga.

—Están en la campaña ante las elecciones sindicales. Por otro lado, no es ninguna novedad. En pasadas legislaturas los recuerdo manifestándose ante el Parlamento. La interlocución la tenemos articulada a través de una dirección de relaciones laborales. Es cotidiana, personal y telefónica.

"EH Bildu vive en una situación de antagonismo con la Ertzaintza y es un hándicap para que gobierne"

"Con las sintonías políticas que tiene el Tribunal Constitucional, Vox se está frotando las manos"

"Hemos acordado en muchas direcciones, no pasamos por encima de la oposición a sangre y fuego"

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