La Abogacía se inhibe del proceso contra el soberanismo en el Tribunal de Cuentas

Los letrados del Estado optan por no intervenir, mientras el órgano mantiene la petición de 5,4 millones por el ‘procés’

01.07.2021 | 00:36
El exconseller y abogado de varios procesados, Francesc Homs, ayer frente al Tribunal de Cuentas. Foto: E.P.

DONOSTIA – Ayer continuó el proceso en el Tribunal de Cuentas español contra el soberanismo catalán por el procés y la organización del 1-O, en una jornada en la que se escucharon las posiciones de las diferentes partes. Lo más llamativo de esta audiencia fue que la Abogacía del Estado ha optado finalmente por inhibirse en esta cuestión y no presentar informes. Ahora, está por ver si este movimiento se trata de un guiño del Gobierno español a la Generalitat, en plena reactivación del proceso de diálogo.

Por lo demás, el Tribunal de Cuentas se reafirmó en las cantidades reclamadas a los soberanistas, aunque exoneró a ocho de los encausados. Así las cosas, este órgano exige 5,4 millones de euros a más de una treintena de ex altos cargos de la Generalitat por el "empleo de dinero público para el denominado Diplocat y las embajadas catalanas con el fin de promocionar el referéndum del 1-O de 2017", y fija un plazo de quince días para que paguen las fianzas.

La delegada instructora del caso en el Tribunal de Cuentas mantiene así esta reclamación en el acta definitiva de liquidación provisional hecha pública tras escuchar la posición de las acusaciones populares y de la Fiscalía, y una vez constatado que la Abogacía del Estado ha optado por no intervenir en el proceso y no presenta alegaciones.

Todos estos detalles los explicó a los medios de comunicación el exconseller Francesc Homs –que figura entre los acusados y es también letrado de varios procesados–, quien presentó sus alegaciones de viva voz el pasado martes, al igual que los representantes legales del resto de encausados, entre los que se encuentran los expresidents Artur Mas y Carles Puigdemont, así como el exvicepresident Oriol Junqueras.

El acta definitiva cifra la cantidad desviada en 5.422.411 euros, ligeramente inferior a la del borrador presentado la víspera, que era de 5.422.879 euros.

Ese montante es el que se exige que los acusados presenten como fianza de forma solidaria, en conjunto, en el plazo de quince días hábiles, que concluirá el 21 de julio, aunque habitualmente se da cierta flexibilidad temporal si se requieren avales o tasaciones y, en el caso de no depositar la cantidad exigida, comenzarían a tramitarse los embargos.

Los 5,4 millones deben ser abonados por el conjunto de los 34 ex altos cargos a los que se mantiene la acusación, después de que ocho personas fueran exoneradas tras escuchar la delegada instructora sus alegaciones.

Entre los exonerados se encuentran los exconsellers de Presidencia Neus Munté y Jordi Turull, al admitir la instructora que ese departamento del Govern no tenía competencias en acción exterior.

La instructora ha fijado una cantidad máxima de la que es responsable cada acusado, con el ex secretario general del Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat) Albert Royo con la cuantía mayor, 3,6 millones.

A Puigdemont y Junqueras les exige dos millones a cada uno; a Mas, 2,8 millones; a Homs, 2,9; al exconseller Raül Romeva, 2,1, y a la ex interventora general de la Generalitat Mireia Vidal, 3,1 millones.

Aún cabe la posibilidad de presentar recursos a este acta, pero no interrumpirán los plazos de entrega de la fianza, y tras la resolución de los recursos se cerrará la instrucción.

El caso continuará en fase de enjuiciamiento ante el Departamento Segundo de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, siempre que haya demandas, que previsiblemente presentarán la Fiscalía y las acusaciones populares (varias asociaciones, entre ellas Societat Civil Catalana), aunque no lo haga la Abogacía del Estado, como anunció el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Para las demandas hay un plazo de 20 días hábiles tras la resolución de los recursos.

Homs lamentó en su intervención de ayer "la naturaleza estrictamente política" del Tribunal de Cuentas y el "despropósito" del acta de liquidación provisional, en el que se ha instruido sin sentencias previas del Tribunal Constitucional que determinaran qué acciones no eran legales.

Esto sí había ocurrido en los dos precedentes, las liquidaciones del Tribunal de Cuentas referidas a la consulta del 9-N y a la anterior sobre el 1-O, que se basaban en hechos ya juzgados, lo que no ha ocurrido en este caso.

La liquidación del 9N fue de 4,9 millones y la anterior del 1-O, de 4,1 millones.

rufián

un órgano "sin supervisión"

Cuñado de Aznar. En su intervención de ayer en el Congreso de los Diputados, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, se mostró muy crítico con el funcionamiento y la composición del Tribunal de Cuentas. Así, lamentó que este órgano trate de condenar a los independentistas catalanes al pago de multas millonarias mientras que no ha puesto ni una sola multa a partidos condenados por corrupción. Rufián considera que es una institución "sin supervisión ni sentencia judicial", gobernada por siete cargos del PP desde hace 20 años y que, entre otras cosas, absolvió a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella. En esa línea, el dirigente republicano recordó que el expresidente del Gobierno José María Aznar tiene "a su cuñado trabajado allí". Por todo ello, lo considera un organismo parcial y advierte al Gobierno español que "o lo paramos o directamente nos pasan por encima".

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