stos días se celebra en Ginebra la Asamblea Mundial de la Salud, el máximo órgano decisorio de la OMS. Se debatirá, sin duda, sobre cómo avanzar en el acceso universal a las vacunas. Hay muchos que esperan una posición de la OMS a favor de una suspensión temporal de las patentes que vaya más allá de los sistemas autorizados hasta la fecha.

Entendida la cuestión como un conflicto entre el derecho humano a la salud, a la vida o al acceso a la ciencia, por un lado, y los beneficios de las multinacionales farmacéuticas, por el otro, el dilema se resuelve rápido: la salud y la vida priman. El problema es que el asunto quizá no se deje abarcar en un esquema plano de enfrentamiento entre países egoístas y países víctimas. Explicadas así las relaciones internacionales, nos posicionamos de una manera intelectualmente clara y moralmente reconfortante: ¡quién no quiere estar en el lado bueno de la historia: junto al bien y frente al mal! Pero me pregunto si la cosa puede resultar más compleja, tal como se expresa, por ejemplo, en la posición de la Comisión Europea o en el debate en el Parlamento Europeo.

No tengo ninguna duda que los estados tienen la obligación de tomar las medidas a su alcance para favorecer que la vacunación resulte tan universal, rápida, segura y no discriminatoria como sea posible. La cuestión más difícil es cuál es el camino más efectivo para alcanzar ese fin.

En los últimos 20 años el Derecho Internacional ha avanzado mucho para permitir flexibilidades a los derechos de patentes (incluidas licencias obligatorias que son mutatis mutandis expropiaciones de propiedad intelectual) en situaciones en que el derecho a la salud esté afectado de forma amplia y seria. Es claro que el momento que estamos viviendo es una de esas situaciones extremas, de modo que esas flexibilidades son hoy pertinentes. Cuestión diferente es la reclamación de una exención o suspensión de patentes más allá de esas flexibilidades ya contempladas.

Para avanzar hacia la vacunación universal puede haber diversos caminos, desde las plataformas de financiación y cooperación tipo COVAX, las donaciones bilaterales, la cooperación sanitaria, la financiación de los programas de las Organizaciones Internacionales (Unicef, OMS...), la aplicación de las flexibilidades de los Acuerdos de Derechos de Propiedad Intelectual e incluso su suspensión más amplia. La pregunta del millón es cómo estos diferentes instrumentos se armonizan en la solución más efectiva, que no necesariamente es la más efectista.

Se debe favorecer que la vacunación sea lo más universal y efectiva posible, pero este principio se debe complementar y compatibilizar de forma razonable y proporcional con los legítimos intereses de los agentes que han invertido recursos. El sistema de patentes no es un invento creado únicamente para satisfacer la vil e insaciable avaricia de las multinacionales, sino una compleja red que incluye también la protección de la investigación científica y de sus creadores, que la financia y que crea los inventivos para que ésta resulte posible.

La existencia de un número amplio de vacunas efectivas y seguras a un año de identificada la enfermedad es un éxito enorme de la comunidad internacional que se ha debido a la colaboración científica internacional y a la colaboración público-privada. Si el reto ahora es el acceso universal, su abordaje, a mi juicio, debería seguir el mismo camino: la cooperación internacional y la colaboración público-privada.

El acceso universal a la vacunas es un gran objetivo de la comunidad internacional. Eso es claro. Dar, considerando todas las variables sociales, políticas, jurídicas, técnicas, industriales y científicas, con el mejor camino para llegar a ese fin y que esa solución.