- El Gobierno español no considera una prioridad reforzar el autogobierno de las administraciones territoriales de cara al futuro y obvia por completo la cuestión de las competencias autonómicas en el plan de reforma del Estado para 2050 que presentó ayer a bombo y platillo Pedro Sánchez.

Este documento, que pretende ser el pilar para la reconversión de la gobernanza estatal a largo plazo y para afrontar los principales retos sociales, económicos y demográficos; no se detiene sin embargo gran cosa en las cuestiones territoriales, foco de algunos de los mayores conflictos surgidos en el Estado español en las últimas décadas.

Así, aunque el texto dedica capítulos al desarrollo equilibrado entre regiones y a la armonización fiscal de las autonomías, no prevé un refuerzo de los mecanismos de autogobierno ni cambio alguno de calado en la organización territorial del Estado. Tampoco hacen acto de presencia en el plan de reforma para 2050 el federalismo que Sánchez abanderaba antes de llegar a La Moncloa o el reconocimiento de la diversidad y las nacionalidades.

El texto sí deja un recado a las comunidades autónomas, al hacerlas corresponsables de la desigualdad fiscal en el Estado, que el Gobierno cree además que es la culpable de la despoblación en las regiones del interior. De esta forma, en el documento titulado España 2050: fundamentos y propuestas para una estrategia nacional de largo plazo, se concluye que las diferencias fiscales de las autonomías crean un grave problema en el reparto de la población.

Asimismo, este documento de visión a largo plazo lamenta “la ausencia de una política territorial coordinada” y habla de un marco jurídico y normativo “complejo” que dificulta el funcionamiento del Estado. De esta forma, en el plan se impone una perspectiva centralista, a pesar de que el propio texto asegura que no pretende “avalar o refutar” programa político alguno, sino “ayudar” a las instituciones públicas.

En su intervención en la presentación ayer del programa para 2050, Pedro Sánchez defendió que el documento supone “un diagnóstico riguroso sobre los desafíos” que debe enfrentar el Estado español y pone “al servicio de la sociedad española todo su conocimiento para ayudarla a ampliar sus horizontes y a diseñar una mejor estrategia en el largo plazo”.