- Pedro Sánchez no va a presenciar hoy en el Congreso de los Diputados un alarde de entusiasmo en la oposición cuando se vote el decreto que recoge el recurso de casación al Tribunal Supremo para tratar de que valide las restricciones contra el coronavirus. El presidente español se encontrará con grupos que se abstendrán simplemente por evitar la caída de algunas medidas sociales que también recoge ese decreto, pero que son muy críticos con su decisión de ponerse de perfil con el estado de alarma y dejar la pelota en el tejado de los tribunales, como es el caso del PNV. Fuentes del grupo que dirige Aitor Esteban en el Congreso de los Diputados confirman que se abstendrán en la convalidación del decreto 8/2021, vigente desde el fin del estado de alarma el 9 de mayo.
Josune Gorospe lo justificará en la ausencia de diálogo y negociación por parte del Gobierno español, que solo dirigió una llamada al PNV dos semanas antes de aprobar el texto en Consejo de Ministros, y únicamente para trasladar una idea genérica. Todo ello, a pesar de que el presidente conocía la inquietud del PNV y del propio lehendakari por la caída del estado de alarma, que iba a dejar sin paraguas jurídico a las comunidades para aplicar medidas como el toque de queda nocturno, los cierres perimetrales y la limitación de reuniones sociales. Y la vía judicial no convence al PNV.
Los jeltzales están de acuerdo con algunas de las medidas sociales que incluye este decreto, pero no pueden dar su voto a favor porque no querían que cayera el estado de alarma y porque la desatención en este asunto ha sido casi absoluta por parte de Sánchez. El presidente español respondió con tardanza la carta del lehendakari, y no accedió a prorrogar el estado de alarma ni reformar la ley. Insistió en judicializar este debate y dejar la pelota en manos de los tribunales proponiendo la casación al Supremo. Es una vía que ni siquiera va a explorar el lehendakari para no añadir más incertidumbre tras el rechazo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a sus medidas.
El PNV pedía herramientas para que las comunidades pudieran poner en marcha medidas si fuera necesario, y no quería incidir en el caos jurídico. Proponía extender el estado de alarma un tiempo más para avanzar en la inmunidad con la vacuna.
Este decreto recoge otras medidas para que los sanitarios jubilados puedan seguir ejerciendo como refuerzo sin que afecte a su pensión, asegurar el suministro de gas y agua y una moratoria en los alquileres. La parte referida al recurso de casación se ha recibido con rechazo o apatía. Pese a la invitación de Sánchez a las comunidades autónomas, finalmente el Supremo solo decidirá en las próximas horas sobre los recursos planteados por Canarias, Andalucía y Castilla-La Mancha, que se ciñen a supuestos muy concretos y quirúrgicos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo resolverá sobre la posibilidad de cerrar las islas más afectadas (en nivel 3 y 4), el recurso de la Junta de Andalucía para aislar Montefrío, y un último recurso registrado el martes por la Junta de Castilla-La Mancha sobre Quintanar del Rey, en Cuenca, que esta vez sí contempla el toque de queda, un asunto que hasta la fecha no había llegado al tribunal. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha no aceptó medidas como el cierre perimetral o el toque de queda de 0.00 a 6.00 horas en esa localidad.
El Gobierno español no cambia de opinión. Los quince próximos días serán determinantes para comprobar si el virus se mantiene bajo control pero, de antemano, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, insiste en que las comunidades tienen "los mejores instrumentos jurídicos". Como nuevo argumento, introdujo que no se deben hacer reformas legales "en tiempos convulsos y de crisis". "No es el momento de introducir habilitaciones genéricas que faculten a un solo poder, sin ningún control, para afectar a derechos fundamentales", dijo. Planteó ir al Supremo, o bien que una comunidad pida la alarma en su territorio, aunque rechazó mantener la excepcionalidad.
Casación al Supremo y medidas sociales. El Gobierno español vuelve a llevar hoy al Congreso de los Diputados la convalidación de un decreto ya en vigor, desde el 9 de mayo, y que incluye todo tipo de medidas aunque no guarden una relación clara entre sí. El decreto 8/2021 para regular las medidas tras el fin del estado de alarma mezcla la prórroga de las actuaciones en el campo de la asistencia social y la economía (el suministro de gas y agua a los colectivos vulnerables y el trabajo de los sanitarios jubilados sin afectar a su pensión), con la opción de recurrir al Supremo por parte de las comunidades autónomas para intentar que avale las restricciones de movilidad.
"No se deben hacer reformas legales en tiempos convulsos y en tiempos de crisis"
Ministro de Justicia
