Piden 488 años por un atentado en Gasteiz en 1985 para Iparragirre

La exdirigente de ETA niega su autoría y afirma que la acusación contra ella se basa en torturas

11.12.2020 | 00:06

donostia – El juicio que se ha celebrado en la Audiencia Nacional contra la exdirigente de ETA Marixol Iparragirre por el intento de atentado con coche bomba en 1985 en las inmediaciones del estadio de Mendizorrotza en Gasteiz quedó ayer visto para sentencia. El Ministerio Fiscal mantiene su petición de 488 años de prisión.

Este es el tercer juicio al que se enfrenta desde que fue entregada por Francia el año pasado, y la Fiscalía elevó a definitivas sus conclusiones con una leve modificación al eliminar el agravante de reincidencia dado que entonces no contaba con antecedentes. La considera así autora de 20 delitos de asesinato en grado de frustración con concurrencia de alevosía, un delito complejo de atentado a agentes de la autoridad en grado de frustración y un delito de estragos en grado de frustración.

Según el escrito del fiscal, colocó en mayo de 1985 un coche bomba en las inmediaciones del polideportivo de Mendizorrotza con el objetivo de acabar con la vida de los policías –al menos 21– que iban a prestar servicios de vigilancia con motivo de un encuentro deportivo.

Iparragirre volvió a negar que en 1985 se encontrara en Gasteiz dado que residía en Iparralde, donde intentaba rehacer su vida "en un escenario difícil" en el que había atentados y secuestros por parte de los GAL. La acusada llegó a explicar que la inestabilidad administrativa que tenía era total, y que vivía con miedo a que la detuvieran y fuera puesta en la frontera con España o incluso que la deportaran a Togo.

Incidió en que fue torturada por la policía, y volvió a lamentar que se encuentre "en el punto cero" del primer grado penitenciario. "Para salir me piden condiciones que a otros no se les pide", indicó, para añadir acto seguido que reconoce el dolor de las víctimas, aboga por las vías pacíficas y acepta las condiciones penitenciarias. También se quejó de que la prescripción de delitos no sirva para "los de ETA" o para los soberanistas vascos mientras que en casos como el del expolicía acusado de torturas durante el franquismo Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, si se aplicó cuando la jueza argentina María Servini quiso procesarle.