- Ayer se cumplieron cuatro años de las detenciones de ocho jóvenes de Altsasu por orden de la Audiencia Nacional acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas un mes antes, en una pelea de madrugada en las ferias de la localidad. “Nos resulta muy doloroso recordar aquel día”, decía ayer Amaia Amilibia, madre de Jonan Cob, uno de los dos jóvenes que continúan en prisión. El resto, en tercer grado, intenta recuperar sus vidas. “Son jóvenes, fuertes y lo conseguirán pero hay mucho poso. El puzzle no estará completo hasta que no salgan Jonan y Julen”, destacaba Nekane Ortigosa, la madre de Aratz Urritzola.
“Han sido cuatro años que se han hecho muy largos, de mucho sufrimiento”, incidía Amilibia. En el caso de su hijo, ayer sumaba 930 días de prisión. Y es que fue puesto en libertad 36 días después de la primera detención por la jueza instructora, Carmen Lamela, junto con Iñaki Abad, Aratz Urritzola y Julen Goikoetxea. Otros tres, Adur Ramirez de Alda, Oihan Arnanz y Jokin Unamuno, se quedaron dentro, dispersos en cárceles madrileñas. La octava encausada, Ainara Urkijo, no llegó a entrar en prisión.
Pero el 5 de junio de 2018, una vez conocida la sentencia de la Audiencia Nacional con penas de prisión de entre dos y 13 años, volvieron a ser detenidos. “Estuvieron un año y medio yendo al Juzgado de Paz dos veces por semana y sin pasaporte. A efectos de cumplimiento solo les han descontado 17 días de cárcel”, lamentaba Amilibia. “Aunque estuvieron un tiempo en casa, llevan cuatro años sin libertad, con sus vidas hipotecadas”, incidía.
Lo cierto es que Instituciones Penitenciarias ha denegado la propuesta elevada por la Junta de Tratamiento de la cárcel de Zaballa de progresión de grado para Cob y Goikoetxea. “Educadores, psicólogos y trabajadoras sociales han trabajado día a día con ellos y han realizado informes favorables para que puedan desarrollar sus proyectos vitales en semilibertad. Si el objetivo es la reinserción en la sociedad, les esperamos pronto en casa”, señaló esta madre. Al respecto, recordaba que en la sentencia, al ser descartados los delitos de terrorismo, no se establecía la obligatoriedad jurídica de cumplir la mitad de la condena, siete años y medio en el caso de estos dos jóvenes. “Tienen ofertas de trabajo y están estudiando un grado de Psicología. Son unos chavales que quieren desarrollarse como personas y aportar a la sociedad”, abundó Amilibia.
Además, la crisis sanitaria actual endurece aún más esta falta de libertad, con menos visitas. “Antes había posibilidad de hacer cuatro vis a vis al mes y ahora solo uno y con cristal de por medio. También cuesta más que lleguen las cartas”, observó, al tiempo que añadía que si salen de permiso tienen que permanecer diez días de aislamiento fuera de su módulo.
Los primeros en recibir el tercer grado fueron Abad y Urrizola, el 20 de diciembre de 2019, después de estar 598 días encarcelados. Este pasado verano les llegó el turno a Ramirez de Alda, Unamuno y Arnanz, a quienes tras concederles previamente el tercer grado, se les aplicó el artículo 86.4 del reglamento penitenciario y actualmente permanecen en régimen abierto. Debido a la pandemia se aceleró el proceso para obtener la pulsera de control telemático que monitoriza que no salgan de su domicilio durante ocho horas durante cuatro días a la semana. Estuvieron 1.328 días en prisión. Sus condenas son de nueve años y medio en el caso de Arnanz y ocho años y medio en el de Ramirez de Alda y Unamuno. No obstante, según el reglamento vigente, los tres terminan la condena en mayo del 2024. En el caso de Abad, se prevé que se cumpla en octubre de 2021; Urrizola en junio de 2022 y Cob y Goikoetxea en 2024.
Tribunal de Derechos Humanos. Agotadas las vías que contempla el sistema judicial español para recurrir una sentencia dictada por la la Audiencia Nacional, es decir, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional recientemente, se han abierto las puertas de la justicia de Europa, “una buena noticia que llega muy tarde”, observó Antxon Ramirez de Alda, uno de los padres de Altsasu Gurasoak. “Nuestras defensas trabajan en la elaboración personalizada e individual de cada recurso y, si la situación no cambia en el próximo mes, los ochos jóvenes presentarán su recurso correspondiente a principios de 2021”, avanzó sobre la posibilidad de acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
