Designan para el TS al juez que no condenó al PP por el ‘caso Gürtel’

Un vocal del CGPJ acusa al partido de Génova de injerencia política en los nombramientos, entre ellos el de Ángel Hurtado

01.10.2020 | 00:28
Ángel Hurtado presidió el juicio por el ‘caso Gürtel’. Foto: Efe

donostia – El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer destacados nombramientos en el Tribunal Supremo y lo hizo mostrando su unidad frente a críticas y presiones para que no designara nuevos cargos mientras no se renueve la institución, en funciones desde hace casi dos años.

Entre los nombramientos destaca el del magistrado de la Audiencia Nacional Ángel Hurtado como nuevo miembro de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS). Hurtado presidió el tribunal del caso Gürtel, se opuso a citar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy como testigo y emitió un voto particular en el que rechazaba condenar al PP como partícipe a título lucrativo.

El Gobierno de Pedro Sánchez apostaba por paralizar los nombramientos como medida de presión para que el PP se aviniera a negociar una nueva composición del CGPJ y desde Unidas Podemos se había llegado a acusar al presidente de ese órgano, Carlos Lesmes, de atentar contra la Constitución si seguía adelante con sus planes. Así, Álvaro Cuesta, diputado del PSOE entre 1982 y 2011, y que fue nombrado vocal del CGPJ en 2013 a propuesta socialista, solicitó retirar del orden del día los nombramientos previstos y su petición fue respaldada por Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda, también del sector progresista, pero la petición no prosperó.

Injerencia política Posteriomente, Álvaro Cuesta acusó al PP, sin citarlo explícitamente, de bloquear a propósito la renovación del órgano de los jueces "para conseguir un resultado en su funcionamiento", boicot que considera una "injerencia política intolerable".

Cuesta firmó un voto particular en el que defendía el trabajo de este CGPJ y cargaba contra los grupos que rechazan negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. "El incumplimiento de esta obligación de renovar los órganos constitucionales en plazo afecta a la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y deteriora los estándares democráticos. Esta situación supone un grave desprestigio institucional, y un intento de colocar al CGPJ como chivo expiatorio de manejos y disputas", subrayó el vocal.