La moción sobre el Rey divide a los soberanistas

El motivo de la discordia son las posibles causas penales contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, si las conclusiones sobre la monarquía aprobadas en la Cámara catalana se publican en el boletín oficial. Torrent y ERC temen que algunos puntos de la iniciativa aprobada ayer lleven a actuar al Tribunal Constitucional (TC). JxCat y la CUP, por su parte, insisten en que lo votado el viernes se haga oficial, independientemente de las consecuencias legales que puedan producirse.

En concreto, el Parlament aprobó varios textos con los votos de los tres grupos soberanistas que fueron objeto de las advertencias de los letrados, y en los que se también se tacha a la monarquía española de "delincuente", así como se reprueba al rey Felipe VI y al Ejecutivo español por la marcha de España del monarca emérito Juan Carlos I.

Antes de las votaciones, los grupos unionistas de la Cámara (Ciudadanos, PSC y PP) pidieron reconsiderar la admisión a trámite de varios puntos de las propuestas de resolución independentistas, por considerar que daban efectividad jurídica a iniciativas previamente anuladas por el Tribunal Constitucional. Aunque la Mesa rechazó la petición y los textos fueron finalmente votados, los letrados del Parlament hicieron constar a puerta cerrada que aquellos puntos que pudieran chocar con anteriores advertencias del Constitucional no serían publicados en el boletín oficial, lo que generó polémica en el hemiciclo antes de las votaciones, pasadas ya las diez de la noche del viernes.

Así, el letrado mayor de la Cámara ha decidido que no se publiquen algunos puntos y Roger Torrent se aferra a ese dictamen para evitar incluir la resolución al completo en el boletín, lo que ha motivado el enfado de los postconvergentes y los cuperos, que reclaman que no se censure ningún pasaje de lo aprobado.

En ese sentido, el presidente del grupo parlamentario de JxCat, Albert Batet, reclama a Torrent y a la Mesa que abra expediente a los letrados. "Esperamos y pedimos que todo lo que se vote en el Parlament quede publicado. Si hay algún funcionario del Parlament que no publica lo que se vota de forma soberana, pedimos a la Mesa que tome las medidas oportunas y abra los expedientes oportunos", explica Batet, que considera "inaceptable" que no se haga pública la resolución íntegra y se produzca una "autocensura".

También el president de la Generalitat, Quim Torra, lanzó en Twitter una advertencia en este sentido: "El pleno del Parlament es soberano. Ningún funcionario puede decidir si se publica o no una resolución votada por el pleno".

La CUP, a través de su diputada Natàlia Sànchez, se alineó con JxCat y emplazó "sin acritud" a Torrent a que "haga una evaluación de su mandato y reconozca las limitaciones a las que se ha sometido la cámara", aunque "normalmente lo niega en público". "Reconocer la situación es el primer paso para poder dibujar una estrategia sólida para solucionarla", añadió Sànchez.

En ERC, por su parte, eluden pronunciarse sobre la publicación o no de la resolución en el boletín, pero acusan a JxCat y a la CUP de presionar a los funcionarios públicos del Parlamento. Así, siguiendo con la polémica, el diputado republicano José Rodríguez escribió un tuit en el que califica de "grave" que los letrados y funcionarios "trabajen bajo las amenazas de los tribunales", pero "más grave aún" que "diputados se sumen a estas presiones y amenazas" desde el hemiciclo. "Tendríamos que ser sus escudos, y no al revés", añadió Rodríguez.

De fondo subyace la batalla entre JxCat y ERC de cara a las futuras elecciones catalanas que, aunque no tienen fecha prevista, se prevé que tengan lugar antes de fin de año. Así, postconvergentes y republicanos se han cruzado acusaciones en las últimas semanas calentando el ambiente para unos comicios que, a tenor de las encuestas, serán muy ajustados.