- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, advirtieron poco antes del 8-M a los organizadores de un congreso evangélico previsto para mediados de marzo en Madrid que este acto no se debía realizar bajo ningún concepto por ser un evento de alto riesgo de contagio de coronavirus. Así consta en el informe de la Guardia Civil encargado por la juez Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la actuación del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por autorizar la marcha del Día de la Mujer.
En el documento, los investigadores relatan lo declarado en dependencias policiales por tres representantes de entidades evangélicas que se reunieron con responsables del Ministerio de Sanidad días antes del evento, que fue finalmente suspendido a instancias del Gobierno, mientras que la manifestación feminista sí fue permitida.
El consejero de medios de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Federe), Jorge Fernández Basso, explicó a los agentes que, cuando comunicaron su estimación de asistentes al congreso, unas 8.000 personas, Illa “acompañó con gestos negativos en su cabeza la frase no, eso no se puede hacer”. En un segundo encuentro, Simón “expresó de manera taxativa que ese congreso no se podía celebrar bajo ningún concepto” por concurrir un “escenario grave de pandemia” y porque el evento reunía “todas las circunstancias para ser considerado de alto riesgo para la propagación de contagios”.
El informe de la Guardia Civil remitido a sede judicial concluye que desde el pasado 5 de marzo “no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19”. También cree que la Delegación del Gobierno “tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas a la declaración del estado de alarma”.
