- Había mucha expectación de cara al encuentro por videoconferencia de ayer del presidente español, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos, el décimo ya desde que se decretara el estado de alarma. El anuncio efectuado la víspera por el líder socialista de que propondrá en el Congreso una nueva y definitiva fase en la desescalada tras superar los peores efectos del coronavirus, y que la misma se caracterizará por la devolución de competencias a las comunidades tras asumir el mando único el 14 de marzo, derivó ayer en una reunión especialmente propositiva por parte de los presidentes regionales y en la que el suflé de los reproches bajó considerablemente.
En este contexto, el lehendakari Iñigo Urkullu planteó dar carta de naturaleza y soporte jurídico a la cogobernanza por la que abogó Sánchez el sábado, con el fin de afianzar esta forma de proceder de cara al futuro. En los dos últimos meses, las críticas hacia la unilateralidad y la política de hechos consumados del Gobierno español han sido continuas, tanto por parte de Euskadi como de Catalunya, y han puesto muy cuesta arriba el respaldo de los partidos vascos y catalanes a las sucesivas prórrogas del estado de alarma en la Cámara baja.
Pese a que el actual inquilino de Moncloa parece haber asumido que, a partir de ahora, lo que toca es ir de la mano y compartir el ámbito de decisión, quedan numerosos frentes abiertos y conflictos latentes. Urkullu subrayó ayer que este “marco de colaboración y codecisión” sufre el lastre de “unos instrumentos jurídicos y legales que no se corresponden con el tiempo y el modelo de Estado actual”. En su turno de intervención, emplazó por ello a “comenzar a construir un nuevo marco legal” que “integre el modelo de cogobernanza que debemos desarrollar ya”. Instó a actuar “con el tiempo suficiente y la necesaria antelación” y citó algunos casos en los que Euskadi y el Gobierno español chocan, como los fondos destinados a las políticas activas de empleo, la forma en que se articulará el ingreso mínimo vital y, sobre todo, el ámbito educativo. Materias en las que “en Euskadi seguimos sin comprender lo que está sucediendo”, por el abismo entre “lo que se nos dice como acordado a lo que realmente es”. El lehendakari consideró, eso sí, el camino recorrido hasta ahora como “una lección aprendida de cara al futuro”.
Las próximas horas serán cruciales para confirmar la nueva prórroga del estado de alarma en los términos en los que la ha planteado Pedro Sánchez: tendrá una duración de en torno a un mes, será la última, se caracterizará por su naturaleza asimétrica en función del territorio, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ejercerá como única autoridad delegada -quedan fuera los ministros de Interior, Transportes y Defensa-.
Mientras el Gobierno español apura la negociación con los distintos grupos de cara al pleno del Congreso del próximo miércoles, su propuesta concreta sobre la nueva y definitiva prórroga, incluyendo su duración, llegará mañana tras ser aprobada en el Consejo de Ministros. Así lo avanzó ayer la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, que aseguró que el texto contará con todas las “garantías y parabienes” jurídicos. Agregó que están dialogando con todos los partidos que no se autoexcluyeron de esta negociación -PP y Vox han anunciado su voto negativo -, y que lo seguirán haciendo hasta el mismo miércoles.
El presidente español afrontó ayer la videoconferencia con los presidentes autonómicos reforzado por los últimos datos de la afección del coronavirus en el Estado: 87 fallecidos en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde que se aprobó el estado de alarma, lo que esgrimió en el arranque del encuentro. Sobre sus intenciones, añadió que “vamos a cambiar y mucho la arquitectura de esta, esperemos, última prórroga del estado de alarma”.
Respecto a sus interlocutores, el president de la Generalitat, Quim Torra, urgió a Sánchez a implantar este mismo mes la renta básica universal para hacer frente a la emergencia social desencadenada por la pandemia. “No podemos fallar aquí”, dijo. Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ratificó que pedirá el pase a la fase 2 para el próximo 25 de mayo. Sobre el ingreso mínimo vital que prepara el Gobierno, pidió que “se haga unido a la renta que coordinan las comunidades autónomas”.
“Nuestros instrumentos jurídicos y legales no se corresponden con el modelo de Estado actual”
Lehendakari
