- El lehendakari rechazó ayer las acusaciones de los sindicatos ELA y LAB que consideran que solo el apagón económico e industrial garantiza la salud de los trabajadores y evita la transmisión del coronavirus. Iñigo Urkullu considera que estos planteamientos son “inadmisibles” ya que carecen de justificación y de argumentos basados en datos, y se pregunta por las razones por las que ambas centrales han llevado a tribunales a los gobiernos de la CAV y Nafarroa, y no al Ejecutivo español, que es quien aprobó el decreto sobre el cierre industrial limitado.

Tras rechazar la incompatibilidad entre la salud de los trabajadores y la actividad económica, el lehendakari enfatizó que, con sus demandas contra los dos gobiernos por la posible vulneración del derecho a la salud de los trabajadores, ELA y LAB están planteando un “cuestionamiento general” de las medidas preventivas frente al coronavirus de todas las empresas. Todo ello sin aportar “ningún tipo de justificación” para afirmar que el funcionamiento de las empresas y las actividades esenciales pueden poner en peligro la vida y la salud de los trabajadores.

En este sentido, recordó que todas las empresas que siguen funcionando “deben cumplir un protocolo obligatorio” para garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores, por lo que el incumplimiento de dichas normas es “denunciable y sancionable”. “Son las empresas las que deben cumplir los protocolos”, precisó.

Además, puso énfasis en destacar que el destinatario de la demanda judicial no sea aquel que ha aprobado el decreto ley, el Gobierno español. Subrayó que, en el caso de la industria, Moncloa “asumió” la nota aclaratoria elaborada por el Ejecutivo vasco para este sector, e incluso la hizo “extensiva” al resto de comunidades autónomas. Por ello, se preguntó por qué motivo estos dos sindicatos “denuncian solo” a los gobiernos de la CAV y Nafarroa, cuando se trata de unas recomendaciones que han sido dirigidas por la Administración española al conjunto de las autonomías. Serán el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y la Audiencia navarra las que deberán admitir a trámite o no estas denuncias y, en su caso, juzgarlas.