Donostia - La controvertida actuación de la Junta Electoral Central con su decisión de anular el acta parlamentaria al president Torra ha conseguido prácticamente un milagro político en época navideña. Es tan ampliamente compartida la idea de que la Junta Electoral se ha extralimitado al dejar fuera de circulación a Torra cuando todavía no es firme la sentencia de inhabilitación por no retirar a tiempo los lazos amarillos en campaña electoral, que la división en bloques de la política catalana no fue tan clara ayer, y tanto el PSC como los comunes coincidieron en que esta decisión debería recurrirse al Tribunal Supremo. El Parlament celebró ayer el pleno que el president Torra había pedido convocar de urgencia para conseguir el aval de los partidos. Torra insinuó que se plantará y podrá desobedecer con ese respaldo.
La mayoría independentista de JxCat, ERC y la CUP aprobó una propuesta de resolución para denunciar el "golpe de Estado" y ratificar a Torra como diputado y president. Los comunes apoyaron el punto de rechazo a la resolución de la Junta, y se abstuvieron en ratificar a Torra. Tanto el PSC como los comunes registraron sus textos alternativos para no revalidar la figura de Torra en concreto, pero en su discurso coincidieron en criticar a la Junta, pedir un recurso, y defender a las instituciones catalanas y su autogobierno.
El PSC y el PPC votaron en contra de la propuesta independentista y C's no participó en la votación, pero los socialistas coinciden en el fondo en que la Junta se extralimitó. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, defendió que la Junta no puede inhabilitar a Torra sin una sentencia firme. "Se debería haber inhibido", sentenció. Se esmeró en recordar que no comparte la gestión de Torra, y que nunca debió haber mantenido el pulso con los lazos amarillos ni debe desobedecer, pero aclaró: "Para defender el autogobierno vamos juntos". La posición de los socialistas ya se avanzó nada más conocerse la decisión de la Junta. Adriana Lastra avisó de que su decisión era dudosa, y el PSOE vio desde el primer momento la mano negra de la derecha española, que fue quien tocó la puerta de ese órgano. Era su última baza para dinamitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente español y su pacto con los soberanistas catalanes de ERC. La propia investidura de Sánchez arrancó ayer en paralelo a este pleno tan delicado en el Parlament, aunque prácticamente todas las partes han llegado a la conclusión de que la decisión de la Junta tiene el influjo de la derecha española, del PP, y en ningún caso del PSOE. De ahí que ERC mantuviera el pacto de investidura. Por boca de Marta Vilalta, apostó por aprovechar el diálogo con Sánchez.
El texto de JxCat, ERC y la CUP rechazaba la resolución de la Junta, apostaba por recurrir (existe la vía del Supremo para pedirle que suspenda de manera cautelar la inhabilitación de Torra), calificaba de "golpe de Estado" lo sucedido, ratificaba a Torra como diputado y president, y aclaraba que solo el reglamento del Parlament y la Ley de Presidencia de la Generalitat regulan el cese del alto cargo. El texto, no obstante, pedía también el derecho de autodeterminación y la amnistía. Torra insinuó que puede desobedecer al asegurar que hay que decir "basta" y "plantarse". "Me pongo a disposición del Parlament para continuar avanzando si está dispuesto a no claudicar ante la represión. No podré oponerme a la decisión del Parlament", dijo. El president salió después del debate a saludar a los cientos de manifestantes de la ANC concentrados ante el Parlament.
El PSC registró un texto que coincide en que las causas para cesar a un president aparecen en el Estatut, y recordó a la Junta que la sentencia de inhabilitación no es firme. Por ello, "invita" a recurrir la decisión. Jèssica Albiach (comunes) denunció un "golpe de las elites" contra el Gobierno PSOE-Unidas Podemos.
