no parece que las fechas navideñas hayan hecho mella en los entusiastas seguidores de la tradición católica y la banderita rojigualda, y la carcunda hispana ha decidido amenazarnos con todas las plagas de Egipto si, tal y como parece, finalmente, se consuma la investidura de Pedro Sánchez el 7 de enero.

La quiebra territorial, la bancarrota económica, el exilio de la Guardia Civil de Navarra, cesiones a ETA, alta traición? y todavía la legislatura no ha comenzado. Se hace difícil imaginar hasta dónde será capaz de llevar sus excesos verbales la derecha española y muy española, pero se prevé una legislatura tormentosa.

No obstante, más allá de atender a las declaraciones de unos y otros o al histrionismo de quien se acaba de autoerigir en principal defensor de la unidad patria so pena de mantener Cantabria aislada, sería bueno repasar un poco cuál va a ser el precio que Sánchez está dispuesto a pagar por mantenerse en la Moncloa o, dicho de otra forma, cuál es el contenido de los acuerdos políticos que ha alcanzado.

Porque otro problema de la política española de los últimos años ha sido precisamente ese, demonizar todos los acuerdos que se hayan podido alcanzar calificándolos de precio político, peaje o pago, cuando no latrocinio o felonía.

Empezando por el acuerdo entre el PNV y el PSOE, se hace muy difícil encontrarle peros al enésimo compromiso de impulso al decidido avance en la transferencia de las competencias pendientes y el TAV. No es la primera vez, ni me temo será la última. Llama algo más la atención la inclusión de las competencias al Gobierno navarro, pero nada que suponga salirse un milímetro de la Constitución.

Otro tanto cabe decir del compromiso que busca "adecuar las estructuras del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales", que con un poco de honestidad jurídica encajaría dentro de la Disposición Adicional primera sin mayor esfuerzo.

Es decir, en lo que toca a Euskadi, un poco lo mismo de siempre, arrancar el cumplimiento del Estatuto como consecuencia de la debilidad del Gobierno central y procurar que no haya territorios españoles que se conviertan en una suerte de paraíso fiscal, al menos sin conocimiento previo.

En lo que respecta a Podemos y su acuerdo económico-social, puesto que es imposible cuestionar su legalidad, sus detractores se han empeñado en destacar lo pernicioso que resultará para el mercado, que por lo visto es tan débil que solo resiste en situaciones de absoluta desigualdad cuando no de semi-esclavitud. Algo falla aquí también si el que ha venido siendo el termómetro liberal, el Ibex, no parece que esté acusando el acuerdo tal y como nos han venido anunciado. Si algo repiten los expertos en economía de manera incesante es que el dinero es cobarde y agradece la estabilidad, aunque ésta sea un poco rojeras.

Y por fin llegamos al que parece ser el principal y gran responsable de los males de la próxima legislatura, esto es, el acuerdo con ERC y su "reconocimiento del conflicto político y activación de la vía política para resolverlo" y la "creación de una mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político".

Algo que en cualquier democracia es tan razonable que da un poco de vergüenza ajena oír, leer y escuchar las barbaridades que se están diciendo las últimas 48 horas.

Así pues, queda por ver si se materializan o no todos los acuerdos suscritos con unos y con otros, pero lo que parece es que ni esta va a ser la legislatura en la que finalmente se cumpla completamente el Estatuto de Gernika y se reconozca la soberanía plena catalana, pero tampoco en la que España se rompa o se arruine, por más que la derecha intente convencernos de que trifachito o caos.