Balas perdidas contra niños negros y pobres

El último caso y precisamente el que más protestas ha generado fue el de las primas Emilly da Silva, de 4 años, y Rebecca Santos, de 7 años, que murieron el 4 de diciembre impactadas en el corazón y el hígado, respectivamente, por el mismo tiro de fusil, cuando jugaban frente a la puerta de su casa en una favela en Duque de Caxias, un empobrecido municipio del área metropolitana de Río.

La tragedia se produjo durante una supuesta operación policial contra un grupo de delincuentes y, pese a la negativa de los uniformados, el tiro doblemente mortal probablemente partió de uno de los fusiles usados por los policías.

Con sus muertes, y a falta de diez días para el fin del año, subió a doce el número de niños de hasta 14 años muertos por balas perdidas en enfrentamientos con la policía en Río en 2020, casi el doble que los siete registrados en 2019 y un récord desde 2007, cuando la ONG Río de Paz comenzó a contabilizar este triste índice.

De acuerdo con esta organización, el promedio de este tipo de muertes entre 2007 y 2015 fue de tres al año, pero, tras el desmonte de la política de seguridad que había instalado Unidades de Policía Pacificadora (UPP) dentro de las favelas para que los uniformados se implicaran más con las comunidades, el número saltó hasta diez en 2016, el mismo que en 2017 y 2018, y ahora hasta doce en 2020.

“Siempre que ocurren esas muertes creemos que todo va a cambiar, porque la fase más hedionda de la criminalidad en Río de Janeiro es la muerte de esos niños y niñas, pero nada cambia. Hay que recordar que la mayoría de esas víctimas son pobres y viven en favelas y ese es el motivo para que el poder público ignore sus asesinatos”, afirmó el presidente de Río de Paz, Antonio Carlos Costas.

De acuerdo con Costas, otra cosa en común entre las víctimas, además de ser negros y pobres, es que sus asesinatos permanecen en la impunidad, especialmente cuando hay indicios de que los disparos que los provocaron procedieron de la policía. “Las muertes siguen creciendo y nada cambia: las familias siguen desamparadas por el Estado, la autoría de los homicidios no es esclarecida, los asesinos no son castigados y no se produce ninguna modificación en la política de seguridad pública”, afirmó.

Tanto para Costas como para el especialista Daniel Hirata, investigador de la Universidad Federal Fluminense, la principal causa de esta tragedia es una política de seguridad que permite a la policía disparar dentro de las favelas en operaciones contra bandas de narcotraficantes sin preocuparse con la población civil.

Según datos de la secretaría de Seguridad Pública de Río, en octubre se registraron 145 muertes de civiles en enfrentamientos con la policía, el segundo mayor número para este mes desde que el dato comenzó a ser contabilizado en 1998.

Con una reducción de las operaciones luego de que la Corte Suprema le exigiera explicaciones públicas a la gobernación, el número de civiles muertos por la policía en operaciones cayó en noviembre hasta 80, con una reducción del 45% frente al de septiembre y del 42% en comparación con el mismo mes de 2019.

El récord de niños muertos por balas perdidas en enfrentamientos se produjo paradójicamente no solo en un año en que las operaciones policiales fueron restringidas sino también en un año en que cayeron las muertes de civiles provocadas por policías en Río.