uando el demócrata Joe Biden despida en la toma de posesión del 20 de enero al actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, tendrá sobre sí no solo las miradas de sus compatriotas sino también la esperanza de millones de inmigrantes que en los últimos cuatro años vieron estrecharse sus opciones de llegar o permanecer en el país de las oportunidades. Una coletilla que, nada más lejos de la realidad, es más incierta que nunca tras los últimos cuatro años.

Cuatro años bastaron para que la Administración de Trump, obsesionada en levantar un muro físico en la frontera con México que no llegó a concluir, levantara una estructura legal que restringió el asilo, redujo a mínimos históricos la cifra de refugiados acogidos por el país y puso en vilo la continuidad de programas como DACA,que legaliza la situación a los denominados soñadores, migrantes indocumentados que llegaron a EEUU cuando eran menores de edad y que se han formado en su país de destino. También hizo lo propio con el TPS, un amparo que ha beneficiado principalmente a ciudadanos centroamericanos.

La estampa que dejaron las elecciones no podía ser más elocuente. Mientras en las principales ciudades de EEUU centenares de personas celebraban el triunfo de Biden, una hilera de globos plateados sobresalía entre otras tantas carpas caóticamente levantadas en Matamoros, una ciudad mexicana vecina del gigante estado de Texas.

Bye Trump, decía el mensaje que uno de sus habitantes difundió por Twitter. Era también un recordatorio al futuro gobernante sobre el impacto de la política conocida como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP en inglés), que curiosamente coincide con Permanezca en México.

En virtud de esos protocolos, en vigor desde el 29 de enero de 2019, EEUU empezó a devolver a México a quienes solicitaran asilo en los puntos fronterizos entre ambos países. Actualmente son centenares aguardando por una respuesta. Con el MPP, una serie de decisiones internas y los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) que Washington suscribió con Guatemala, El Salvador y Honduras, países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, Trump estranguló en la práctica las opciones de asilo.

“Hay políticas que puede cambiar sin esperar acción del Congreso”, subrayó la abogada Jodi Goodwin, quien lleva en la localidad texana de Brownsville los casos de varios de los solicitantes de asilo estancados en Matamoros. Goodwin mencionó entre las decisiones a revertir, además del MPP, el veto de viaje a ciudadanos de distintos países, en su mayoría musulmanes, con el que Donald Trump se estrenó a pocos días de asumir su mandato en 2016.

Con este panorama, la montaña simbólica que Biden tiene que derrumbar abarca, en palabras de Mony Ruiz-Velasco, una de las directoras de la organización Alianza Américas, “más de 400 acciones administrativas, generalmente todas en contra de las comunidades migrantes”.

Y entre el extenso listado de tareas que el nuevo Gobierno deberá acometer están el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA en inglés), creado durante 2012 por el entonces presidente Barack Obama, con Biden como vicepresidente, y el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Tras una batalla que llegó al Supremo, DACA, concebido como una protección contra la deportación de miles de jóvenes llegados de niños al país junto a sus padres indocumentados, ha quedado reducido a su mínima expresión por el Gobierno de Trump, que suspendió las nuevas solicitudes y redujo a un año la vigencia de los permisos actuales.

La Administración de Trump también ha intentado ponerle fin al TPS, que el Congreso estadounidense creó en 1990 para beneficiar a ciudadanos de países golpeados por un desastre natural o un conflicto armado. Esta iniciativa ha cobijado mayoritariamente a personas con nacionalidad de El Salvador, Nicaragua, Sudán y Haití.

Otra de las tradiciones que la Presidencia de Trump no refrendó fue la de no conceder el derecho de asilo a las personas refugiadas. Desde la aprobación de la Ley de Refugiados de 1980, el país había establecido una meta de admisión promedio de 95.000 refugiados al año; sin embargo, en el actual año fiscal, y por orden federal dictada por Trump, se recibirán a únicamente 15.000 personas.

Los activistas esperan que con Biden en el poder se restablezcan esas cifras y, según Nicole Melaku, directora ejecutiva de la Alianza Nacional para Nuevos Americanos (NPNA en inglés), sea también el momento para que la Administración entrante “cree un camino a la ciudadanía para 11 millones de personas” en el país que necesitan un estatus que les permita permanecer dentro de sus fronteras sin la amenaza constante de una deportación.

Sin embargo, la deuda más dolorosa para EEUU son los niños separados de sus padres indocumentados que aún no han sido devueltos a sus hogares. Un grupo de abogados designado por un tribunal federal para las reunificaciones admitió que no ha podido localizar a los padres de 545 niños apartados de sus familias entre 2017 y 2018. Biden ya ha empeñado su palabra y, en campaña, consideró estas separaciones “una mancha” para Estados Unidos.

Alta participación. Los votantes latinos en EEUU han sido decisivos en varios estados clave en las elecciones de este año, pero de manera opuesta: el presidente saliente, Donald Trump, consiguió vencer en Florida gracias al apoyo de los cubanos; mientras que el mandatario electo, Joe Biden, triunfó en Arizona y estuvo a punto de sorprender en Texas por el respaldo de los hispanos. El rasgo más común entre este grupo étnico tan heterogéneo, el más joven del país, fue la alta participación entre los mayores de 30 años.