La Ertzaintza busca a un joven que no ha regresado al centro de Ibaiondo, en Zumarraga, donde está internado por el doble homicidio hace tres años de una pareja de octogenarios en su piso del barrio bilbaíno de Otxarkoaga.

Según ha podido saber NOTICIAS DE GIPUZKOA, el joven gozaba de un regimen de semilibertad pero no ha vuelto al centro como estaba previsto. Su ausencia ha motivado la orden de búsqueda de este varón, ya mayor de edad, que fue condenado a permanecer internado durante seis años por su implicación junto a otro menor en el doble homicidio que acabó con la vida de Lucía y Rafael, de 87 años.

El inculpado tenía 14 años cuando ocurrieron los hechos y llevaba ya diez meses gozando de salidas progresivas. El caso fue considerado como el más grave en la historia reciente del crimen protagonizado por menores. Las víctimas, un anciano que murió a causa de los golpes en la cabeza perpetrados por un objeto contundente, y su mujer, que falleció de una puñalada en el corazón.

Los dos chicos asumieron los hechos en el juicio celebrado entre el 13 y el 21 de septiembre de 2018, aunque uno de ellos negó que hubiera matado al matrimonio. Los seis años de internamiento suponen la pena máxima que prevé la Ley del Menor para jóvenes infractores de entre 14 y 15 años.

POR LA VENTANA

Los hechos ocurrieron en la mañana del 18 de enero de 2018, cuando los dos menores accedieron por la ventana al domicilio de Lucía y Rafael, ubicado en la calle Zizeruena, con intención de perpetrar un robo. Una vez dentro, golpearon violentamente y atacaron con varias armas blancas a los dos ancianos, que no pudieron oponer resistencia.

La Ertzaintza incautó varios cuchillos y encontró numerosas huellas dactilares que facilitaron el arresto de los dos menores de 14 años. Posteriormente se detuvo a un tercer joven, vecino de las víctimas, cuya participación pasó de considerarse secundaria en un inicio a ser juzgado como inductor de los hechos.

Tras cumplir la pena, la resolución recogió que deberían estar vigilados durante tres años. Asimismo, tendrían que responder "solidariamente" al pago de la indemnización por responsabilidad civil a los herederos de las víctimas por valor de 66.239 euros. Dicha cuantía tuvo que ser abonada por la Diputación Foral de Bizkaia, institución que tutelaba a los menores.