La atención a víctimas de delito en Euskadi lleva 24 años de ventaja

donostia - Después del verano entrará en vigor el Estatuto de la Víctima del Delito, una ley que transpone una directiva europea, reconoce los derechos y necesidades de quienes han sufrido un delito y obliga a crear unidades de asistencia específicas para atender a estas personas. El Servicio de Asistencia a la Víctima que ahora la ley estatal impone lleva implantado en Euskadi desde 1991 y en los tres últimos años ha atendido a más de 10.200 personas.

“Nos hemos encontrado con cierto grado de satisfacción que en el Estatuto se reflejan cosas que el Servicio de Asistencia a la Víctima (SAV) lleva haciendo mucho tiempo y que se hacen porque hemos tenido el respaldo del Gobierno Vasco y porque los juristas, psicólogas y trabajadores sociales hemos tenido inquietudes y nos hemos preocupado de investigar”, indica con orgullo Lourdes Lorente, trabajadora social y coordinadora del SAV. Su compañero Antonio José Perdices, que es jurista, apunta que el funcionamiento actual y muchos de los servicios del SAV “se han visto reflejados en el Estatuto de la Víctima”. Añade que las actuaciones en materia social, jurídica y psicológica que configuran la respuesta integral del servicio se han ido ampliando y configurando con el paso del tiempo “porque las víctimas nos han enseñado”.

Así, mientras el Estatuto recién aprobado desarrolla un catálogo de derechos de las víctimas -derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención, a participar activamente en el proceso penal y a recibir “un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio”-, en el SAV vasco la información pormenorizada, la orientación, la atención individualizada y el acompañamiento son actuaciones habituales que componen el día a día de los equipos multidisciplinares que trabajan en sus cuatro sedes: Donostia, Bilbao, Barakaldo y Gasteiz.

“Nosotros hemos ido aprendiendo a través de las víctimas, porque siempre ponemos a la persona que ha sufrido un delito en el centro de nuestra actuación y así podemos ver qué necesidades de información tiene, qué problemas de gestión o burocráticos afronta, cuáles son las secuelas psicológicas... Nuestro reto es resolver esto y a menudo hemos tenido que ir inventando cosas. Por eso cuando vimos la redacción del Estatuto de la Víctima nos hizo gracia y dijimos: Pero si todo esto ya lo estamos haciendo. Estamos muy orgullosos”, dice Lourdes Lorente.

La memoria de 2014 del SAV indica que el año pasado se atendió a 3.000 personas, de las que casi el 85% eran mujeres, ya que entre los motivos de asistencia al servicio destacan los delitos de violencia de género -hubo 1.767 casos-. El SAV es un servicio público, dependiente del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco, que se inserta en la estructura judicial penal de Euskadi para atender a las personas que han sufrido directa o indirectamente las consecuencias psicológicas, físicas, económicas y/o sociales de la comisión de un hecho delictivo. Estas víctimas a menudo requieren información y orientación sobre los pasos a dar tras sufrir el delito y su estado emocional se puede ver afectado cuando entran en contacto con un entramado jurídico-penal desconocido para la mayoría. Y es en esas circunstancias donde la atención y el acompañamiento que brinda el SAV demuestra su relevancia. “Siempre tenemos presente que en un momento de crisis personal, incluso la persona más lúcida del mundo ve reducidas sus capacidades cognitivas”, destaca Lourdes Lorente para explicar que, a menudo, cuando alguien ha sufrido una agresión, un robo o cualquier otro episodio traumático no es capaz de afrontar ciertos trámites, resolver cuestiones básicas o tomar decisiones, pero en el SAV pueden ayudarle.

los derechos Según apunta Antonio José Perdices, las personas que acuden al SAV llegan “derivadas por los juzgados o por la Ertzaintza, porque han leído sobre esto o han visto un folleto, porque atendimos a algún conocido, por la página web de Justicia... de alguna manera han tenido conocimiento del servicio. En el caso de las víctimas de violencia de género se les facilita automáticamente una hoja informativa con sus derechos básicos y también se les envía una carta con información sobre el SAV”. Al jurista le parece que la nota oficial utiliza un lenguaje muy técnico y difícil de entender por las víctimas, pero indica que ellos facilitan su comprensión y “hacen de traductores” en este caso y en muchos procesos judiciales.

Lourdes Lorente cuenta que el SAV tiene “un itinerario que marca los pasos desde que la persona entra por la puerta”, pero no es rígido. “Trabajamos con cita previa, excepto en los casos de urgencia, porque cuando la gente llama o viene normalmente están muy alterados, acaban de vivir un episodio traumático y buscan soluciones. Trabajar con la cita previa permite reposar tres o cuatro días lo que ha ocurrido para ir entendiendo y ordenando las ideas”. En la primera entrevista, que suele ser con los trabajadores sociales, se hace “un diagnóstico, una valoración de qué ha ocurrido, en qué circunstancias, cual es la red social y de apoyo que tiene esa persona, se mide su capacidad de resiliencia, sus recursos personales”, aclara la coordinadora del SAV.

El siguiente paso es el pronóstico: “Ver por dónde puede ir el caso y trazar estrategias para paliar los efectos que el delito ya ha tenido sobre esa persona. Es importante evitar las victimizaciones secundarias, algo que desgraciadamente ocurre con mucha frecuencia en casos de violencia de género y agresiones sexuales”. Lorente y Perdices explican que se prepara a las víctimas para afrontar un juicio y se las acompaña, que se analizan sus expectativas sobre el proceso penal y se les ayuda a afrontar una sentencia o una decisión que casi nunca es lo que esperaban.

Estos dos profesionales insisten en que la información sobre las diferentes opciones que ofrece la Administración de Justicia y sobre los efectos de determinadas medidas -como las órdenes de protección en los casos de violencia de género- es fundamental para las víctimas. “Las órdenes de protección y las denuncias son positivas, pero es muy importante estar informado”.

Balance. Se atendió a 3.000 personas, de las cuales, 2.651 acudían al SAV por primera vez. Se realizó el seguimiento de 349 asuntos procedentes del año anterior y 1.326 iniciados y/o conocidos en 2014. En total hubo 9.934 actuaciones al servicio de las víctimas.

Actuaciones. En 2014 los profesionales del SAV dieron información a 2.550 personas; hicieron 924 entrevistas de acogida y 1.326 de seguimiento; proporcionaron información sobre Asistencia Jurídica Gratuita en 220 ocasiones y sobre ayudas económicas en 70; realizaron 725 intervenciones psicológicas; dieron asesoramiento jurídico específico en 665 casos; llevaron a cabo 2.792 actuaciones de coordinación con otros organismos; derivaron 213 casos; en 306 ocasiones las víctimas tuvieron acompañamiento psicosocial en las diligencias judiciales, y se realizaron 74 actuaciones de colaboración con la Administración de Justicia.