Las ayudas sociales se adaptan a las nuevas necesidades

donostia - Su defensa a ultranza del Sistema de Garantía de Ingresos vigente en Euskadi y la constatación de que las ayudas sociales que lo componen están funcionando como un paliativo bastante eficaz de las situaciones de pobreza no impiden que el Gobierno Vasco esté llevando a cabo una reflexión profunda acerca de las medidas más adecuadas para combatir mejor la exclusión y la desigualdad.

Algunos cambios en determinadas ayudas, como las destinadas a familias con hijos a cargo, se van a ver en breve. Pero para otros habrá que esperar algo más. Las medidas destinadas a fomentar la natalidad y a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, junto con la igualdad entre mujeres y hombres, figuran en la agenda más inmediata del Gobierno Vasco y la idea de los responsables del Departamento de Empleo y Políticas Sociales es poder diseñar un modelo completo de política familiar a lo largo de este año para llevar propuestas concretas al Parlamento Vasco antes del fin de 2015.

Otras ayudas sociales que también pueden registrar modificaciones y adaptaciones a medio plazo son las de Emergencia Social (AES), con cambios en las condiciones para acceder a ellas o el destino de las mismas, y la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que podría adaptarse a nuevas situaciones personales y familiares -por ejemplo incluyendo como posibles beneficiarios a las personas separadas o divorciadas que dejan el uso de la vivienda familiar al otro cónyuge- o a nuevas formas de exclusión -como la pobreza energética y la pobreza infantil-.

Respecto a la reclamación que realizan diversos actores de los servicios sociales de una nueva política de familia y natalidad, el viceconsejero de Políticas Sociales, Iñigo Pombo, explica a este periódico que la elaboración de un plan de medidas de apoyo a la familia es un “tema muy serio” que “afecta a diversos ámbitos de actuación”, implica a varios departamentos del Gobierno Vasco e “involucra a diversas instituciones”. Esa complejidad justifica que el Ejecutivo se haya dado un plazo amplio para analizar y elaborar su propuesta.

impulsar la natalidad Uno de los objetivos nucleares de esa política de familia sobre la que ya se está reflexionando es atajar los bajos índices de natalidad que registra Euskadi y que hacen que no alcancemos la tasa de reposición generacional. “Sería ingenuo pensar que por que te den 500 o 900 euros vas a tener más hijos, porque esas cantidades no parece que resuelven nada, solo son ayudas. Lógicamente para hacer políticas familiares tiene que haber un espectro mucho más amplio de medidas. Unas políticas protectoras de la familia y de promoción de la natalidad suponen mucho más que unas ayudas económicas a la conciliación e incluso a la natalidad. Tiene que haber políticas más globales de apoyo que comprenden educación, sanidad, servicios sociales, vivienda... Tienen que adoptarse medidas desde muchos ámbitos y es lo que estamos intentando hacer. No nos vamos a parar aquí, vamos a intentar hacer un diseño global de las políticas familiares que Euskadi necesita para dar respuesta al problema del envejecimiento y la natalidad. Todos dicen que este problema les preocupa, pero nadie toma medidas”, apunta el viceconsejero.

debate estratégico Recientemente el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, reconoció en el Parlamento Vasco que el Gobierno está “en pleno debate estratégico” sobre la política familiar integral que se quiere desarrollar. Explicó también que “la baja natalidad es consecuencia de complejos cambios sociales, culturales y económicos que afectan con diferentes matices a todos los países de nuestro entorno, aunque es verdad que a nosotros nos afecta más”. Toña recordó todos los aspectos y ámbitos que tienen incidencia sobre la natalidad y, por lo tanto, incumben a la política de familia: todo lo relacionado con la calidad del empleo, el sistema educativo, la prestación sanitaria, la existencia o no de guarderías, los horarios laborales, el transporte público, las ayudas a la conciliación, los entornos urbanos...

Mientras llega esa propuesta de política de familia, el departamento que dirige Ángel Toña acaba de modificar dos de las ayudas con más peso dentro del capítulo de prestaciones familiares: las dirigidas a familias con hijos e hijas a cargo, y las de conciliación. En el primer caso los cambios consisten en aplicar la variabilidad en función de la renta de las cuantías económicas que ya había establecida para el primer hijo a los siguientes descendientes y en reforzar las ayudas en caso de discapacidad o dependencia de los hijos. En las prestaciones para facilitar la conciliación, las novedades incluyen una notable ampliación del tiempo durante el que se pueden percibir y el establecimiento de tramos de renta para determinar su cuantía.

Los cambios en las prestaciones por hijos y para la conciliación no han sido bien recibidos por algunas asociaciones familiares, como Hirukide, ni por algunos partidos políticos, que fundamentalmente critican la rebaja de las cuantías que desde este mes de abril recibirán las familias con mayor nivel de renta estandarizada y reclaman que “se mantenga la universalidad” de las ayudas. En este sentido, al viceconsejero de Políticas Sociales le resulta “curioso que se diga que se han hecho recortes, porque para la administración el efecto de estos cambios es neutro, no hemos bajado nada el presupuesto de las ayudas y lo que tratamos es de dar más al que menos tiene y menos al que más tiene, por eso no sé por qué se ha incluido esta modificación bajo el epígrafe de recortes, porque no es así”.

El decreto sobre ayudas familiares -aprobado en Consejo de Gobierno el 17 de marzo- establece tres tramos de renta familiar estandarizada -hasta 20.000 euros, de 20.000 a 30.000 y superior a 30.000- a los que corresponden 900 euros en el caso de la renta más baja, 500 en la renta media y 400 en la renta más alta. Estas cantidades se abonan en una ocasión (en el momento del nacimiento) cuando tienes un hijo, dos veces (al nacer y el primer año) en el caso del segundo hijo, y al nacer y cada año hasta cumplir los 7 años cuando las familias tienen tres hijos o más.

Sobre esta progresividad inversa Iñigo Pombo opina que “es buena, en el sentido de que no se cuestiona la universalidad de la ayuda, que sigue siendo para todas las personas que cumplan los requisitos, solo se trata de establecer criterios en función de la renta”.

más flexibilidad En el apartado de las ayudas que conforman el Sistema de Garantía de Ingresos, las que tienen más papeletas para ser modificadas en los próximos meses son las AES, que facilitan cantidades puntuales de dinero a personas que atraviesan situaciones de exclusión, tanto personal como social y laboral. Las AES son prestaciones no periódicas para hacer frente a gastos específicos, de carácter ordinario o extraordinario, como pago de facturas, reposición de electrodomésticos, atención sanitaria, etc.

Hace unos días el Parlamento Vasco aprobó un flexibilización de los requisitos para acceder estas ayudas, de forma que contar con un pequeño patrimonio no impida recibir la prestación si la persona no dispone de liquidez para cubrir sus gastos básicos.

“A veces -explica Iñigo Pombo- hay accidentes biográficos, como puede ser heredar un terreno en León que pertenece a ocho personas y que es complicado vender, que no solucionan una mala situación económica y, sin embargo, impiden acceder a una serie de ayudas porque consta que el solicitante tiene ese patrimonio. Con la propuesta del Parlamento se trata de que cosas como esa no se tengan en cuenta y no impidan a la gente acceder a unas ayudas que realmente le hacen falta. Y es que tener una finca en León que pertenece a otras catorce personas no te resuelve el problema que vives cada día de, por ejemplo, tener que cambiar la lavadora o cualquier otra cosa que te puede pasar y que es objeto de las AES. Se trata de evitar que cosas de este tipo impidan beneficiarse de las ayudas”.

Respecto a otros cambios que se han sugerido para adaptar la RGI o la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) a nuevas situaciones personales o familiares asociadas con la vulnerabilidad y la exclusión, el viceconsejero de Políticas Sociales confirma que “desde un punto de vista formal los trámites para introducir estos cambios aún no se han iniciado, pero sí estamos estudiando muchas situaciones, nuevas circunstancias que llaman a nuestra puerta, necesidades cambiantes que hay que atender”.

Iñigo Pombo enumera los casos de personas que al romperse el matrimonio o la pareja abandonan la vivienda común pero tienen que seguir pagando la hipoteca o figuran como copropietarios al tiempo que tienen que vivir de alquiler, los casos de pobreza energética o los que afectan a niños. “Hay circunstancias -señala Iñigo Pombo- que derivan de las nuevas situaciones de las familias y hay que ir incorporándolas poco a poco. Dentro de esta reflexión global que estamos haciendo sobre la familia aflorarán otras cosas, como la pobreza infantil que debemos tomarnos muy en serio, porque no se puede tocar un tema aisladamente, sino que hay que abordar las situaciones en su globalidad. La lógica indica que el que no puede pagar el recibo de la luz seguramente tiene otros muchos recibos que tampoco puede pagar. Por lo tanto, hay que abordar las cosas globalmente para buscar soluciones válidas, transversales y generales”.

AES. En 2014 más de 48.000 personas fueron beneficiarias de las Ayudas de Emergencia Social, que llegaron a unas 27.800 familias de la CAV.

Conciliación. Estas ayudas están dirigidas a apoyar a los trabajadores en excedencia o reducción de jornada por cuidado de hijos (el año pasado la ayuda media fue de 1.243 euros), o para encargarse del cuidado de familiares dependientes (1.246 euros de media).