Kutxabank y Caja Laboral anuncian que no ejecutarán desahucios de viviendas

donostia. Las entidades vascas Kutxabank y Caja Laboral-Ipar Kutxa no ejecutarán desahucios mientras esperan a que la nueva regulación que prepara el Gobierno español facilite soluciones negociadas para los clientes que no pueden hacer frente a su hipoteca.

Kutxabank se ha adelantado a una previsible moratoria en los desahucios y ha decidido suspender "de forma inmediata" todos los procedimientos de ejecución hipotecaria hasta que se conozca la nueva regulación en la materia. La entidad financiera, cuyo peso en el mercado hipotecario vasco alcanza el 39%, informó ayer de que su presidente, Mario Fernández, "ha dado instrucciones para que la entidad suspenda de forma inmediata todos los procedimientos de ejecución hipotecaria, en tanto en cuanto se conozca la nueva regulación que afectará a los mismos".

Kutxabank precisó que esta resolución afecta a las hipotecas sobre primeras viviendas.

Esta medida, que es una "iniciativa propia" de Kutxabank, se suma a su temprana adhesión al servicio de intermediación para evitar los desahucios que el Gobierno Vasco puso en marcha en mayo, y al plan Etxelan, diseñado por la propia entidad para resolver el problema de los impagos hipotecarios de sus clientes.

Por su parte, Caja Laboral-Ipar Kutxa reiteró que mantendrá su política de llegar a acuerdos con las personas en situación de impago de hipotecas para arbitrar soluciones individuales que eviten la ejecución hipotecaria. La cooperativa de crédito informó ayer de que en la actual situación de crisis "no ha activado ningún proceso de desahucio traumático a familias" y apuntó que espera que la nueva regulación "respalde estas prácticas habilitando mayores posibilidades de acuerdo".

Mientras llega la decisión del Gobierno español para decretar una moratoria en los desahucios de viviendas, o se flexibiliza la ley hipotecaria que permite estos embargos y desalojos, para muchas familias el tiempo se acaba.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, desde 2007 en el Estado español se han llevado a cabo más de 410.000 ejecuciones hipotecarias. Bancos y tribunales están ejecutando unos 500 desahucios diarios y la situación está empeorando. Según cálculos del PSOE, en los próximos meses se registrarán 250.000 desahucios más y, según la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES), unas 100.000 familias dejarán de pagar su hipoteca en los próximos dos años debido al aumento del paro.

familias El informe de AFES indica que 135.000 familias sufren actualmente un proceso de ejecución hipotecaria y 130.000 no pueden hacer frente al pago de las cuotas de su crédito.

A pesar de este oscuro panorama, el Gobierno español se estaba tomando con calma el análisis y propuesta de medidas para evitar los desahucios y, en última instancia, modificar una ley hipotecaria que, en opinión del Tribunal de Justicia de la UE, contradice la legislación europea y deja indefenso al consumidor.

Este viernes, a raíz del suicidio de Amaya Egaña, el Gobierno español decidió acelerar las reuniones y debates para la adopción de medidas y el propio Rajoy dijo que mañana mismo podría anunciarse una moratoria en las ejecuciones hipotecarias.

A falta de mayor concreción, la propuesta de moratoria que baraja decretar el Ejecutivo español plantea dos años de paralización de los desahucios y la obligatoriedad de algunos puntos contenidos en el código de buenas prácticas financieras.

En 2008, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ya aprobó una moratoria que -según un informe de Adicae- resultó un absoluto fracaso en sus resultados, pues solo benefició a 5.800 familias, debido a las condiciones que imponía. Igualmente, de la dotación de 6.000 millones que se estableció en su momento únicamente se ha utilizado el 1,3% por el mal planteamiento que se hacía de la misma y porque dejaba la solución a la voluntariedad de bancos y cajas. En cuanto al Código de Buenas Prácticas hipotecarias aprobado este año, Adicae destaca que solo el 16% de los afectados puede beneficiarse de él, ya que impone demasiadas restricciones.

Ante la nula eficacia de las medidas aprobadas hasta la fecha, y el aumento de la problemática, Adicae propone una moratoria hipotecaria que, en determinadas circunstancias tasadas legalmente, evite a las familias hipotecadas enfrentarse al procedimiento de ejecución hipotecaria y a la pérdida de su vivienda. Esta moratoria supondría la paralización "de raíz" de los embargos y desahucios durante tres años.

jueces En este sentido, la asociación profesional Jueces para la Democracia (JpD) plantea que las medidas que tiene previsto aprobar el Gobierno para frenar los desahucios tengan carácter retroactivo porque si no solo serán "parches y soluciones insuficientes de tipo publicitario que no resuelven los problemas de fondo", como las que, a su parecer, ha adoptado hasta el momento.

Por su parte, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha propuesto que los desahucios se traten igual que las quiebras de las empresas mediante una reforma de la legislación hipotecaria que permita a las familias con dificultades acudir a procesos concursales negociados con los bancos para evitar la pérdida de su vivienda. Rubalcaba dijo que el objetivo es que "nadie se quede sin casa" por no poder pagar una hipoteca "por dificultades sobrevenidas".