Catalunya acude a las urnas en puertas de la amnistía, una ley que podría entrar en vigor en semanas, con las negociaciones para la investidura en marcha y en plena campaña de las europeas, y abrir la puerta al regreso, entre otros, de Carles Puigdemont. Los trámites para sacar adelante la norma, anclados ahora en el Senado por la mayoría absoluta que ostenta el PP, sobrevuelan una campaña en la que esta medida de gracia sirve de munición electoral para la derecha, que la esgrime como prueba de la “rendición” de Pedro Sánchez al independentismo, y para ERC y Junts, en su competencia por ser el partido que más ha arrancado cosas al PSOE en la negociación.
La amnistía, que según el calendario previsto vería la luz a finales de este mes o principios del próximo, abre un nuevo ciclo siete años después al borrar los delitos cometidos entre 2011 y 2023 a centenares de encausados por el procés, desde los líderes que convocaron el referéndum a los técnicos que lo organizaron o los manifestantes implicados en los disturbios postsentencia.
Pese a las incógnitas que aún suscita la aplicación de la ley, principalmente si los jueces deciden elevar las dudas sobre su encaje legal a la justicia europea, los partidos independentistas esperan que antes del verano los tribunales empiecen a dar carpetazo a las primeras causas vinculadas con el procés. Una vez la ley se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los jueces deberán aplicarla de forma “urgente” en un plazo máximo de dos meses, aunque es más que probable que el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que tienen en sus manos las causas contra los líderes del procés, plateen cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). De esa forma, la amnistía quedaría suspendida en el caso concreto que haya suscitado las dudas del tribunal, lo que no impide que otros jueces que llevan causas de menor enjundia la apliquen de forma inmediata, no necesariamente en beneficio del independentismo: uno de los primeros procesos que podría zanjarse con la ley es el de los policías imputados por las cargas para impedir el 1-O.
Las causas del expresident
La ley prevé el borrado de los delitos cometidos durante más de una década, lo que incluye a decenas de políticos o cargos del Govern envueltos en causas penales por el 1-O, muchos de ellos expuestos también a reclamaciones millonarias en el Tribunal de Cuentas. Uno de los principales beneficiarios sería Puigdemont, a quien la amnistía puede facilitar el regreso sin órdenes de detención vigentes, aunque sin plenas garantías de ser exculpado en el caso de que los tribunales cuestionen la ley ante la justicia europea y paralicen su aplicación. El expresident tiene dos causas en el Supremo: la del procés, en la que se le persigue por un delito de malversación agravada castigado con hasta 12 años de cárcel, y otra por terrorismo que se le abrió hace apenas unos meses por su papel en la plataforma Tsunami Democràtic que organizó las masivas protestas contra la sentencia del procés. También está en el punto de mira por las supuestas conexiones con Rusia en busca de apoyos, enmarcada en el llamado caso Volhov que instruye un juez de Barcelona, una investigación que apunta al delito de alta traición.
