La Ley Audiovisual, que marca porcentajes mínimos a las plataformas en producción europea, española y lenguas cooficiales, así como a cine de mujeres, ha superado hoy un nuevo trámite en el Congreso, donde el Gobierno ha vetado la posibilidad de que las teles autonómicas se deduzcan el 100 % del IVA.

La última exención era reclamada en enmiendas de PP, ERC y Bildu, con un impacto presupuestario estimado en 197 millones de euros.

El veto por cuestiones presupuestarias ha llegado por sorpresa cuando estaba a punto de comenzar la Comisión de Asuntos Económicos, lo que no ha impedido la aprobación del texto de la ponencia, con nuevas enmiendas incorporadas que suponen obligaciones de inversión en obras nacionales y en lenguas cooficiales para las plataformas.

Ha salido adelante con 19 votos a favor (PSOE, UP, ERC y PNV), 14 noes (PP, Vox y JxCat) y dos abstenciones (Cs y Bildu).

El representante de ERC, Joan Margall, ha llegado a abandonar la sala en protesta por los vetos, aunque ha vuelto antes de comenzar la comisión, algo que ha sido considerado como una pantomima y una muestra de "trilerismo entre trileros", en palabras del representante de Ciudadanos, Guillermo Díaz.

Para Pilar Calvo (JuntsxCat), el veto a la devolución del IVA es "un golpetazo que nos acaba de asestar el Gobierno" y que afectará a TV3 y al resto de las televisiones autonómicas, que tienen una "situación económica complicada".

En total, las enmiendas vetadas suponían un gasto presupuestario de 1.231 millones de euros, por lo que el Gobierno ha hecho uso de su potestad para eliminarlas por razón de incremento de gasto o reducción de ingresos.

Sí se han incluido garantías a la producción en lenguas cooficiales y de cine de mujeres. En concreto, como estaba ya pactado, se extiende a las plataformas como Netflix o Amazon la obligación que ya tenían las televisiones de invertir en obra española y en lenguas cooficiales un porcentaje del 5% de sus ingresos generados en España.

También se incluye una definición de productor independiente que según la industria española le deja aún más desprotegida frente a las multinacionales.

Por eso, los productores de cine españoles asociados en la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (P.A.P) y en PATE Productores audiovisuales habían enviado un burofax a los portavoces advirtiendo de una "concentración inmediata de la industria" que arriesga 25.000 empleos.

Según ellos, uno de los cambios introducidos por el PSOE "permite que las productoras dependientes de televisiones y plataformas puedan considerarse independientes solo contratando de forma cruzada con otros prestadores del servicio de comunicación audiovisual" compitiendo "de forma desleal y con injusta ventaja con los verdaderos productores independientes".

El PSOE, impulsar la industria

Sin embargo, la representante del PSOE, Begoña Nasarre, ha defendido que esta ley va en la línea de equilibrar "el terreno de juego" para los operadores pero con el reto de "impulsar la industria y la competitividad" e impulsar a España como centro de atracción audiovisual, además de "la producción europea e independiente".

Para el PP, en palabras del diputado Juan Luis Pedreño, "esto es un rodillo del Gobierno", ya que si no sale adelante la transposición, España se arriesga a una multa y peligran fondos europeos. Pero la ha definido como "una ley para PNV y ERC" en la que "presumen de un hub audiovisual en España y luego debilitan al sector sin escuchar a esta industria".

Por parte de Unidas Podemos, Txema Guijarro ha indicado que esta ley "no protege a la producción independiente o no en los términos que nos hubiera gustado" aunque también ha dicho que entiende que "ha habido que llegar a equilibrios", y tampoco termina de "impedir el oligopolio".

Víctor Manuel Sánchez del Real (Vox) ha subrayado que "nos cargamos a los productores independiente para ayudar a los indepes. Ser productor independiente ya no es nada, porque si recibes un encargo ya no eres independiente".

Defensa de las lenguas

Para el PNV, que ya anunció su acuerdo con el Gobierno, se trata de un texto que no es perfecto, pero mucho mejor que el inicialmente presentado por el Ejecutivo, como ha asegurado Joseba Andoni Agirretxea.

Entre las más de 40 enmiendas que han incorporado, se garantiza que cada una de las tres lenguas cooficiales tendrá al menos el 10 % en euskera, gallego o catalán (lo que evita el riesgo de que ese cupo fueran únicamente en catalán por ser el que tiene más audiencia) y el doblaje al euskera de los contenidos de los canales infantiles de TVE.

Para Ferrán Bel y Pilar Calvo, ambos en el grupo plural, la ley ahora es "bastante mejor pero no suficiente" en su mejora de los aspectos competenciales.

El diputado de ERC Joan Margall ha destacado que "por ley habrá producción audiovisual y un fondo de doblaje al catalán" y que han conseguido "mejorar sustancialmente la ley". Bildu (Mertxe Aizpurua) cree que las cuotas en lenguas cooficiales se recogen "de manera tímida" y se ha abstenido