los ángeles - El asesinato de Gabriel Fernández, un niño latino de ocho años, da pie a The Trials of Gabriel Fernández, la nueva serie documental de Netflix que, más allá del horrendo crimen, explora los fallos y errores del sistema de protección a menores en Estados Unidos. Los seis episodios ofrecen un exhaustivo retrato de los hechos desde la noche del 22 de mayo de 2013, cuando murió el pequeño, hasta el juicio en el que se conocieron los abusos y palizas cometidos de su madre y su padrastro. "Tenía una fractura craneal deprimida (...), su garganta parecía como si alguien la hubiera quemado, moratones en toda la cara, ojos morados, cortes por doquier, un corte raro sobre su pene, abrasiones en el pie como si le hubieran arrastrado, marcas de ligaduras como si le hubieran atado. En cada parte de su cuerpo había algo", dijo Christene Estes, una de las primeras enfermeras que le trató. "Tenía balines en el pulmón, balines en la ingle, quemaduras de cigarrillos, apagaban cigarrillos en él (...) Esa noche pensaba que no podía entenderlo, cómo llegó hasta esto (...) Hay tanto trauma, tanto daño y tantas preguntas", agregó.

The Trials of Gabriel Fernández comienza con la llamada de emergencia en una casa de Palmdale. Una familia aseguraba que había un niño inconsciente, pero lo que parecía una llamada de auxilio por un accidente acabó en un caso muy mediático de abusos y asesinato de un menor. Gabriel tuvo una infancia complicada: vivió con sus tíos y abuelos ya que su madre, Pearl Fernández, no quería hacerse cargo de él. Más adelante, su madre, ya separada del padre biológico de Gabriel, asumió la tutela del pequeño con su novio Isauro Aguirre. Pearl e Isauro serían el centro de la acusación por el asesinato y el juicio desvelaría un espantoso patrón de abusos, que incluían desde encerrar a Gabriel en un cubículo durante horas a obligarle a comer arena para gatos. La pregunta que articula todo el documental es por qué una madre y su pareja sometieron a un niño a semejantes abusos.

The Trials of Gabriel Fernández maneja fuentes de todo tipo: periodistas de Los Angeles Times, empleados del Departamento de Servicios a Menores y Familias del condado de Los Ángeles (DCFS), fiscales, miembros del jurado e incluso uno de los trabajadores sociales acusados por su negligencia. Lo más interesante son las sospechas que lanza sobre el sistema de protección de menores, que no reaccionó a las advertencias sobre ese hogar que habían lanzado desde la maestra del pequeño a un empleado de un centro de menores. En este sentido, expone la opacidad y secretismo del DCFS y de la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles, critica la saturación de casos que padecen los trabajadores sociales y reprueba las subcontratas privadas en servicios de menores.