La aprobación por sorpresa de una enmienda que corrige una vocal en la ley del solo sí es sí obligó ayer a que la iniciativa regrese al Congreso.
Esta enmienda, que pilló por sorpresa al Gobierno y a la propia Cámara Alta, retrasó la entrada en vigor de la norma que pretende eliminar la distinción entre abuso y agresión, así como regular la necesidad del consentimiento expreso.
La enmienda, presentada por JxCat, recibió el apoyo del PP, que se mostró contrario a la ley. El párrafo propuesto por la formación catalana ya estaba incluido en el texto que llegó del Congreso y solo modifica una letra del mismo.
El Gobierno confiaba en la aprobación definitiva de la ley en el Senado, e incluso la ministra de Igualdad, Irene Montero, tomó la palabra al concluir el debate, pero finalmente el proyecto tiene que regresar a la Cámara Baja.
La enmienda fue aprobada para sorpresa de JxCat, que no esperaba contar con apoyos. El resto de las enmiendas, alrededor de 150, fueron rechazadas.
Consentimiento expreso
La ley pretende acabar con la distinción entre abuso y agresión sexual, de modo que regulará la necesidad de que haya un consentimiento explícito en las relaciones sexuales. Todo acto sexual que no tenga un consentimiento de la otra persona será considerado una agresión sexual, que será castigada con pena de prisión de uno a cuatro años.
Asimismo, la pena máxima será de quince años en el caso de la violación. Ante una agresión sexual sin penetración la pena será de ocho años cuando concurra alguna agravante, como la agresión en grupo, la violencia extrema o la especial vulnerabilidad de la víctima.
Esta ley introduce como agravante que se anule la voluntad de la víctima con sumisión química y que entre la víctima y el agresor haya existido o exista una relación de pareja.
Asimismo, esta ley pretende ofrecer a las víctimas una atención médica y psicológica, una cobertura de las necesidades económicas, laborales y de vivienda, y la asistencia jurídica.
También pretende crear “centros de crisis” 24 horas que ofrecerán atención a las víctimas y “casas de niños”, para acoger a los menores víctimas de violencia sexual.
Del mismo modo, la ley llevaría a cabo medidas contra las violencias sexuales en todos los ámbitos, junto a protocolos para detectar y abordar posibles casos en ámbitos como el educativo, sanitario o en la administración de justicia, entre otros.
La norma apuesta por mejorar el sistema de recogida de datos y realización de estudios e investigaciones sobre las causas de la violencia sexual y su extensión.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró ayer, antes de saber que la enmienda de los catalanes devolvería esta ley al Congreso, que con esta norma “el presente y el futuro de las mujeres será mucho más libre”.
Montero declaró que la aprobación de la ley supondría “un paso decisivo para responder a la deuda del Estado con Nagore Laffage, con las jóvenes de Alcàsser, o con la víctima de La Manada, entre otras”.
El PNV apoya la ley
El PNV dio su apoyo a la ley. La senadora María Dolores Etxano destacó el objetivo del texto de “garantizar una respuesta adecuada, integral y coordinada que proporcione atención, protección, y justicia a las víctimas”. l
