donostia - El desalojo de los inquilinos de las viviendas de alquiler protegido que gestiona Alokabide siempre es “el último recurso” después de un largo proceso de negociaciones para intentar resolver el problema entre inquilinos y propietarios o gestores. El año pasado -entre enero y noviembre- hubo 45 casos en los que fue imposible reconducir el problema y que terminaron con el desahucio de las personas residentes en viviendas de Alokabide.
El consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, desglosó en una respuesta parlamentaria a Maider Otamendi, de EH Bildu, los desalojos que el Gobierno Vasco llevó a cabo entre enero y noviembre de 2016 en viviendas propiedad del Ejecutivo, tanto las que gestiona directamente como las que dependen de Alokabide, y en pisos de propietarios privados captados a través del programa Bizigune. En total el Gobierno Vasco desahució a los inquilinos de 45 viviendas de alquiler: 32 del parque de viviendas del Ejecutivo autonómico y trece de particulares.
Según la información facilitada por Iñaki Arriola, con datos a 30 de noviembre de 2016, el Gobierno Vasco gestiona 11.994 viviendas en alquiler. El consejero destaca que los procedimientos de desalojo son un “recurso último” que únicamente se lleva a cabo cuando todo el proceso de acompañamiento social y de búsqueda de alternativas y recursos se agota. El objetivo principal del Gobierno Vasco -explica- es que no se produzcan lanzamientos de viviendas por motivos exclusivamente económicos y siempre se buscan soluciones personalizadas ante los problemas económicos de los afectados.
Por ejemplo, cuando se produce un número de impagos sucesivos y reiterados de las rentas de alquiler se buscan soluciones adaptadas y la mayoría de ellas “son exitosas”, aclara Arriola. Pero en ocasiones los acuerdos a los que se llega se incumplen “sin causa justificada”, los recursos que tienen los inquilinos para el pago del alquiler se destinan a otros usos, algunos inquilinos no cumplen los requisitos para el acceso a una vivienda pública en alquiler y en otros casos se detectan problemas de convivencia. Estas circunstancias son las que provocan los desalojos, aunque el porcentaje de abuso o fraude en esta materia “es pequeño”, asegura Arriola.
Problemas económicos De hecho, los impagos reiterados de la renta han sido el motivo de 41 de los 45 casos de desalojo registrados. El consejero ha anunciado que esta legislatura se reforzará la labor de coordinación con los servicios sociales municipales y las instancias judiciales para asegurar que ninguna persona “de buena fe” sea desalojada de la vivienda pública de alquiler por motivos exclusivamente económicos y sin disponer de una solución alternativa.
En su respuesta Arriola especifica que de enero a noviembre de 2016 se presentaron 39 demandas de desahucio en viviendas de propiedad directa del Gobierno Vasco y 47 en otras que también dependen del Ejecutivo pero que se gestionan a través de Alokabide. Esas 86 demandas derivaron, en 45 desahucios, de los que 21 fueron de las viviendas de Alokabide, 11 del parque del Gobierno vasco y 13 de pisos del programa Bizigune.
La sociedad pública Alokabide se creó para desarrollar la función social de la vivienda a través de la política de alquiler. Para lograrlo moviliza y gestiona viviendas en régimen de alquiler protegido y destinadas a las personas que acrediten su necesidad. Para acceder a uno de los alquileres protegidos de Alokabide es necesario estar registrado como demandante de vivienda en Etxebide.
las VPO Por otro lado, el director de planificación y procesos operativos de vivienda del Gobierno Vasco, Mario Yoldi, anunció ayer en declaraciones a la cadena Ser que este año se revisará a la baja la orden de precios de la vivienda pública con el objetivo de dar cumplimiento al derecho subjetivo a la vivienda reconocido en la ley vasca aprobada en 2015 y adecuar esos valores a la bajada registrada en el mercado libre.
Para llevar a cabo la aplicación de esa ley será necesario aprobar unos 40 reglamentos sobre viviendas de protección pública, reglamentación de Etxebide, precios de las VPO y las rentas protegidas. Asimismo, el Gobierno Vasco prevé duplicar el actual parque de 12.000 viviendas públicas en un plazo de diez años.
