Donostia. La sombra de la sospecha siempre ha sobrevolado sobre el modo de organizarse de las familias rumanas gitanas que han hecho de la mendicidad su sustento. Suele ser crítica recurrente que forman parte de organizaciones, cuando menos sospechosas, en las que puede llevarse a privar de libertad a buena parte de sus integrantes.
El Servicio de Inserción Social de Donostia no comparte ni mucho menos esa lectura. "Nuestro diagnóstico es que no. Existe una cierta organización muy vinculada a familias, pero en ningún caso hemos constatado que existan presiones o coacción", manifiesta Iñigo Estomba, responsable del servicio.
No lo corrobora el seguimiento que han podido realizar en los últimos años de este colectivo. Insisten los expertos en que viven una manera de entender la familia en la que la fuerza reside en el matrimonio. "Tú eres mi hermano, pero si te doy dinero me lo devuelves", expone a modo de ejemplo de su funcionamiento Adriana Villalón, del equipo de mediación cultural del Consistorio donostiarra.
Todos ellos son considerados en su país poco menos que ciudadanos de tercera clase, tal y como han venido denunciando en los últimos tiempos varios colectivos defensores de los derechos humanos. Algo que se está tratando de solucionar a través de políticas públicas de inserción, según la Embajada rumana.
Después de lo que ha sucedido a lo largo de los últimos meses en Francia (el colectivo fue expulsado del territorio galo por el simple hecho de habitar en asentamientos ilegales), no parece que la condición de ser europeos que adquirieron de pleno derecho en el año 2007 (con libertad de circulación y residencia en los países de la Unión Europea) haya mejorado su situación.
