El Gobierno de España, en respuesta por escrito a una serie de preguntas realizadas por el Diputado por Gipuzkoa Jon Iñarritu (EH Bildu), ha considerado "ajustada a la normativa legal" la actuación de la Policía Nacional durante los incidentes registrados el pasado 15 de mayo en Vila-real Vila-realy que se saldaron con varios aficionados de la Real Sociedad (grupo Bultzada) siendo atendidos en un centro hospitalario, con traumatismos y heridas de diversa consideración.
Jon Iñarritu formalizó tres días después de los hechos, el 18 de mayo, una pregunta escrita a la mesa del Congreso de los Diputados. En el documento, el Diputado de EH Bildu realizaba una recopilación de los acontecimientos, exponiendo las denuncias de los realzales implicados. Estos censuraron haberse sentido "intimidados" y "provocados" por la Policía Nacional, al tiempo que criticaron el uso por parte de los agentes de expresiones como "putos vascos, ahora no tenéis tantos huevos". A este respecto, Iñarritu lanzaba en su misiva doce interrogantes que fueron respondidas por el Gobierno mediante un texto fechado este lunes 13 de junio y al que ha tenido acceso NOTICIAS DE GIPUZKOA.
Dicha respuesta comienza especificando que el despliegue policial en Vila-real se realizó "al objeto de mantener separadas a las aficiones rivales para prevenir cualquier tipo de altercado". El Gobierno añade a continuación que, "dentro de la zona de influencia del evento deportivo, se pudo observar cómo la afición visitante comenzó a realizar cánticos ofensivos en los que se incitaba al odio y a la violencia, así como inició el lanzamiento de bengalas, botes de humo y objetos hacia los agentes que vigilaban en la distancia".
El Ejecutivo justifica la intervención policial mediante esa supuesta actitud de la hinchada realista y también indicando que "en la zona había un gran número de familias de la localidad de Vila-real junto con un gran número de niños, los cuales se encontraban jugando en un parque infantil". "Ante el riesgo grave para la ciudadanía y para evitar daños personales y materiales", la Policía Nacional "se vio obligada a intervenir para restablecer la seguridad ciudadana, realizando una intervención ajustada a la normativa legal y reglamentaria, y ajustada especialmente a los principios básicos de actuación" desarrollados en la normativa vigente. En este sentido, el escrito subraya que los agentes realizaron "un empleo progresivo de la fuerza y de los medios a su alcance".
La versión gubernamental prosigue destacando que "un grupo de radicales violentos, lejos de colaborar con las fuerzas policiales o mostrar una actitud pacífica, evidenciaron con sus acciones la voluntad de causar daños y lesiones, alterando la seguridad pública". El texto concluye, finalmente, especificando que la actuación de la Policía Nacional se saldó con "diez propuestas para sanción" y la detención de "cinco personas".
