El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, ha reiterado este miércoles a los grupos de la oposición, durante la presentación del Proyecto de Presupuestos de Euskadi para 2023, que confía en su voluntad para "poder trabajar en serio consensos en el marco presupuestario" y les ha pedido que hagan "un ejercicio de realismo político-económico, capaz de generar mejoras en las cuentas presentadas, para que tengan viabilidad política amplia".

Además, ha avanzado que espera poder cerrar un primer encuentro con los grupos que han mostrado disposición a negociar el próximo 9 de noviembre. "Tenemos tiempo de trabajar conjuntamente de forma serena, sin estridencias", ha insistido.

Azpiazu ha abierto este miércoles la ronda de comparecencias de los consejeros del Gobierno Vasco ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico para presentar los proyectos de presupuestos de sus respectivos departamentos para el próximo año.

En su intervención, Azpiazu ha repasado el contenido del proyecto aprobado el pasado 25 de octubre por el Consejo de Gobierno vasco, que asciende a 14.250,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,7% respecto al aprobado en 2022, con un aumento de 1.142 millones de euros.

Tras recordar que la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno --PNV y PSE-- "por sí sola y sin otros apoyos podría sacar las cuentas adelante", ha invitado a los grupos de la oposición al diálogo y acuerdo parlamentario "para que las cuentas salgan con mayores consensos".

"Conocen nuestra predisposición al acuerdo, y han podido vivir los procesos de negociación del presupuesto con nosotros que saben parten de la honestidad", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que el lehendakari también ha mostrado su interés por lograr un acuerdo, "de cara a conseguir nuevos consensos que refuercen las políticas públicas que vertebran el presupuesto presentado".   

"ESTABILIDAD Y CERTIDUMBRE"

Asimismo, ha señalado que este trimestre es "clave" en muchos aspectos económicos financieros, que "resultan de vitales para garantizar la estabilidad y la certidumbre económica en Euskadi".

Según ha explicado, este mes esperan contar con un acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico para renovar la metodología de señalamiento del Cupo, "un elemento de enorme trascendencia para poder trabajar sobre escenarios financieros ciertos y sólidos". No obstante, ha indicado que todavía no puede entrar a informar "en detalle" del acuerdo porque se está negociando en el marco de la Comisión Mixta.

Además, ha subrayado que se va a aprobar un presupuesto para 2023 "capaz de potenciar las políticas sociales y de seguir reforzando la inversión pública y en I+D+i, ambos elementos tractores de la actividad económica, generadora de empleo".

"Confío en su voluntad para poder trabajar en serio consensos en el marco presupuestario, y les llamaré a los grupos que han mostrado interés en dialogar con este Gobierno, para poder cerrar un primer encuentro el próximo 9 de noviembre. Tenemos tiempo de trabajar conjuntamente de forma serena, sin estridencias", ha insistido.

Por ello, ha pedido hacer "un ejercicio de realismo político-económico, capaz de generar mejoras en las cuentas presentadas para que tengan viabilidad política amplia".   ç

GESTIÓN DE LOS PERTE

En su intervención, el consejero Azpiazu también ha solicitado al Gobierno español que las comunidades autónomas puedan hacerse cargo de la gestión de las cuantías correspondientes a los Perte, ya que ha mostrado su "preocupación" por los recursos que "tendrían que llegar al tejido productivo y no lo están haciendo".

Al respecto, ha puesto como ejemplo el PERTE de Vehículo eléctrico y conectado que ha adjudicado poco más de 800 millones de euros, de un total cercano a los 3.000. "Es cierto que los proyectos vascos tienen peso en esas adjudicaciones, pero considero que las pymes no están siendo capaces de acceder a las convocatorias de estos proyectos", ha indicado.

Por ello, ha propuesto que la cuantía no adjudicada de este Perte pueda ser gestionada desde las comunidades autónomas directamente, "de forma que se puedan lanzar convocatorias más cercanas al terreno y con mayor entrada para las pymes vascas", que representan el 90% del tejido productivo de Euskadi.