El primer juicio al excomisario José Manuel Villarejo por el extenso caso Tándem llegó ayer a su fin en la Audiencia Nacional, cuya sentencia será clave para el resto de piezas en las que está investigado por valerse de su cargo policial para lucrarse llevando a cabo investigaciones privadas.
Tras casi un año de sesiones intermitentes y con alguna que otra interrupción de por medio, el tribunal ha dejado visto para sentencia un juicio que ha sentado en el banquillo a una treintena de acusados, incluidos varios expolicías, la mujer y el hijo del excomisario, sus clientes y algunos de sus empleados en el grupo Cenyt, el entramado de sus empresas.
Villarejo se enfrenta a una petición fiscal de 83 años de cárcel por delitos como cohecho, descubrimiento y revelación de secretos o falsedad. También estaba acusado el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño, si bien el tribunal le sacó del juicio tras sufrir un ictus en mayo.
Uno de los subordinados de este último, el exinspector Constancio Riaño, fue el encargado de cerrar el juicio con el turno de la última palabra, en el que negó haber colaborado con Villarejo y volvó en su superior toda la responsabilidad de haber ordenado obtener datos de bases policiales para el excomisario.
“Yo no fui un policía corrupto, señoría; en todo caso fui un policía obediente y confiado”, dijo emocionado ante el tribunal, y, además de cargar contra la Fiscalía, negó conocer a Villarejo. “Nunca he puesto la mano en el cajón y nunca he recibido nada”, añadió.
Tras decenas de jornadas de un juicio que comenzó en octubre de 2021, ahora es tarea del tribunal determinar si el controvertido excomisario se sirvió de su cargo o de sus contactos en la Policía para conseguir información sensible de terceros y lucrarse con investigaciones privadas, unos hechos por los que está investigado en otras piezas aún en fase de instrucción.
