El PNV en el Congreso de los Diputados se inclinó ayer por dar su “apoyo crítico” a la Ley Ferroviaria en Comisión, pero seguirá trabajando para tratar de incorporar mejoras en la ley. El jeltzale Iñigo Barandiaran celebró que las comunidades autónomas van a adquirir más competencias en las redes que transcurren por su territorio gracias a las enmiendas de su grupo, pero le queda pendiente conseguir que la explotación del intercity vasco de alta velocidad sea gestionado por la CAV. Tampoco se ha aceptado que la información de las redes ferroviarias de interés general del Estado que circulan por más de una comunidad esté en las lenguas oficiales de cada territorio. “Es una ley positiva y votaremos a favor del dictamen de la Comisión, pero lo hacemos de forma crítica y esperando alcanzar un mayor acuerdo”, aclaró.

Barandiaran explicó que el acuerdo con el PNV supone el reconocimiento del carácter propio de las líneas que circulan de forma íntegra por el ámbito de las comunidades autónomas. Se va a “impulsar” la “independencia” de la administración de infraestructuras a la hora de fijar los cánones de utilización de la red ferroviaria, que dejan de tener carácter tributario en aplicación de la Directiva Europea por la que se modifica la ley. El PNV también hace suya la enmienda presentada por otros grupos que permitirá la revisión de precios en licitaciones cuando el mercado de suministros se altere.

Esta ley persigue otorgar a Adif la fijación de los cánones ferroviarios y ayer superó una nueva votación en el Congreso. Le queda su aprobación en el Pleno y el Senado. Sin embargo, no será hasta septiembre, ya que su votación no ha sido incluida en el Pleno de la próxima semana. El PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana, el PNV y el PDeCAT han respaldado la ley, si bien estas tres últimas formaciones han advertido de que pelearán por más enmiendas. Vox se ha abstenido. Esta ley no se ha incluido en el Pleno que tendrá lugar tras el debate de política general, conocido como debate del estado de la nación, en el que se aprobarán la Ley de Memoria y el decreto anticrisis.