- Tras el batacazo sufrido por el PSOE en las elecciones andaluzas, Pedro Sánchez se ha puesto las pilas y su gabinete está carburando a pleno rendimiento. Ejemplo de ello fue la prórroga del decreto anticrisis aprobada por el Consejo de Ministros con la medida estrella de la rebaja del IVA de la luz al 5%, la reactivación de la relación con la Generalitat y la decisión de sacar del cajón la Ley de Memoria Democrática, que está muy cerca de ser aprobada.
La norma que está llamada a sustituir a la Ley de Memoria Histórica de Zapatero es de especial interés para los socios de Sánchez, Unidas Podemos, y para los grupos del Congreso que forman la mayoría de la investidura. Pese a que ERC seguirá negociando sus enmiendas de cara a la Comisión Constitucional del próximo lunes, y a que el PP, Vox y Ciudadanos siguen instalados en el no, el Gobierno de coalición prácticamente se ha garantizado los apoyos suficientes para el éxito de esta iniciativa en un Pleno del Congreso a celebrar en julio.
Y lo ha logrado tras pactar ayer en ponencia un total de 19 enmiendas con el PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País y Coalición Canaria, mientras que ERC y Junts se abstuvieron. Todas las enmiendas del partido jeltzale excepto una fueron aceptadas o transaccionadas, entre ellas fijar en un año la restitución de documentos o efectos a personas naturales o jurídicas de carácter privado que estén en el Archivo General de la Guerra Civil. Podrán beneficiarse también partidos, sindicatos o unidades militares que reclamen enseñas, emblemas o banderas en poder de entidades públicas.
El portavoz del Grupo Vasco, Aitor Esteban, resaltó a su vez el acuerdo para que la Ley de Patrimonio Histórico deje de impedir el acceso a los archivos con información sobre la Guerra Civil y la dictadura. Ese acceso seguirá rigiéndose por esa norma, salvo el artículo 57.1 c, que exige el consentimiento de los afectados para consultar documentos con datos personales de carácter policial, procesal o clínico que puedan afectar a la seguridad, el honor, la vida privada o la imagen.
EH Bildu apoyará también esta ley tras pactar que reconozca a las víctimas de violaciones de derechos humanos hasta 1983 -el límite temporal está fijado ahora en 1978-. Esto incluiría a quienes sufrieron torturas o fueron objeto de la guerra sucia durante los cinco años posteriores a la aprobación de la Constitución y podría afectar a los GAL en el primer año del Gobierno de Felipe González, al que llegó en octubre de 1982. También se contempla declarar ilegales los tribunales creados por el franquismo.
El Gobierno deberá designar una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas “por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983”. Ese estudio deberá recoger “posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo”.
Preguntada por el alcance de esta enmienda, la portavoz de Bildu en la Cámara baja, Mertxe Aizpurua, incidió en que se refiere a todos los que sufrieron vulneración de derechos humanos, dando a entender que incluiría a víctimas de torturas o del terrorismo de Estado.
Es decir, podría extenderse a casos como el secuestro de Segundo Marey por los GAL, el 4 de diciembre de 1983, al ser confundido con un miembro de ETA; al secuestro el 15 de octubre de ese año, torturas y asesinato de Joxean Lasa y Joxi Zabala o al atentado de los GAL contra el dirigente de ETA Mikel Goikoetxea, Txapela, el 28 de diciembre de 1983 en Donibane Lohizune.
Aizpurua consideró especialmente simbólicas otras medidas como el compromiso de Moncloa para adecuar como lugar de memoria el fuerte de San Cristóbal en Iruñea, usado como “cárcel franquista para presos políticos”, y la cesión al Ayuntamiento de Donostia del Palacio de la Cumbre, donde “torturaron” en 1983 a Lasa y Zabala. El PSOE rehusó ayer extenderse sobre estos acuerdos y remitió a la comisión del lunes, mientras que partidos como Vox y C’s, y asociaciones de víctimas como la AVT y DyJ criticaron el pacto con la coalición abertzale. l
l Régimen ilegal. La ley de Memoria Democrática declarará ilegal el régimen franquista tras incorporar una enmienda pactada con PDeCAT y Más País, y que también había planteado ERC.
l Persecución del idioma. El PDeCAT informó del acuerdo para incorporar una enmienda que considera “víctimas a las comunidades, lenguas y culturas vasca, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos, cuyos habitantes fueron perseguidos por hacer uso de estas”.
l Nacionalidad. Más País pactó a su vez que puedan adquirir la nacionalidad española los nacidos fuera del Estado de padre o madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles y que perdieran la nacionalidad tras sufrir el exilio.
