Un debate de 1978

"La legislación y la ejecución del orden público esté en manos de las comunidades autónomas. Se puede resumir en una frase: ¡Que se vayan!". La reivindicación de que las fuerzas policiales del Estado reduzcan su presencia de Hegoalde no es de hoy. Tampoco los argumentos que se lanzan en un debate, como mínimo, de 1978.

Germán Rodríguez en los sanfermines del 78 y Joseba Barandiaran días después en Donostia acababan de ser asesinados por las fuerzas policiales. Una compañía de la reserva de la Policía Armada había arrasado Errenteria el 13 de julio. ETA había asesinado en Lemoa el 8 de julio, apenas nueve días del debate de la Cámara baja, al juez de paz José Javier Jáuregui. Era el telón de fondo casi diario en el que las Cortes debatieron la Constitución española. En el proyecto había un punto, minúsculo, pero de gran calado político: las policías autonómicas.

"El orden público está ligado a la soberanía y aquí no hay más soberanía que la del pueblo español, constituido en un Estado social y democrático de Derecho". El exministro de Exteriores franquista y aquel día portavoz de Alianza Popular (AP, hoy en el PP), Laureano López Rodó, se enfrentó en aquel debate de enmiendas con Francisco Letamendia, Ortzi, aún en la Euskadiko Ezkerra surgida de Euskal Iraultzarako Alderdia (EIA) y Euskadiko Mugimendu Komunista (EMK). El socialista Gregorio Peces Barba (para defender las policías autonómicas) y el también conservador Manuel Fraga que terminó haciendo una petición contra Letamendia a la Mesa del Congreso se sumaron a la escena.

"El tema de las policías autóctonas en España tiene mucha carga politica", diagnosticó López Rodó décadas antes de las pugnas por las OPE de la Ertzaintza. El exministro siguió por una argumentación habitual hoy en algunos foros: "Aparte de ser objeto de un debate constitucional sereno, es también objeto de una reivindicación revolucionaria de bandas terroristas. ¿Qué pretenden los que piden en la calle esas policías autóctonas? ¿Qué es lo que nos piden a gritos esos grupos sediciosos?".

El propio diputado de AP respondió, introduciendo en la respuesta a su pregunta el quid de la cuestión: "La retirada de la Policía Armada y de la Guardia Civil de partes entrañables del territorio español. Y piden su retirada injuriándolas con el mote de fuerzas de represión".

La réplica a López Rodó se la dio Letamendia en un discurso en el que quiso situarse "dentro de la piel de estos agentes". "No queremos que nos odien, ni que sean odiados por el pueblo vacso, no queremos que mueran y, por supuesto, no queremos que nos maten", deseó el diputado. Ortzi ubicó en la "incompatibilidad entre el pueblo vasco y estas fuerzas" el origen de una petición que con una expresión que tanta fortuna ha hecho entre diferentes sectores hasta hoy verbalizó: "Que se vayan".

"Hasta enero del año pasado (1977) la única manera de conseguir que una ikurriña ondeara durante unas horas era poner una bomba al lado", ejemplificó para la ira de Fraga. Y, de la mano de la bandera, Letamendia aseguró que "los agentes odian la ikurriña", a lo que contrapuso que "para que una fuerza pueda guardar el orden en un pueblo tiene que estar compenetrada con su sensibilidad, tiene que conocer su génesis, su evolución y su historia peculiar".

Incontrolados y medios En su reflexión, Letamendia abordó los "incontrolados, que todos sabemos que es un eufemismo que, por lo menos en el País Vasco, sabemos que son agentes de las fuerzas del orden vestidos de paisano. ¿Por qué se producen? Por esta situación de hostilidad en la que viven, porque las bajas se producen dentro de sus propias filas, porque ven caer a compañeros y porque muchas veces se sienten aislados y abandonados por los propios responsables: por los gobernadores civiles".

Unos dirigentes a los que acusó, al hilo de los asesinatos de Rodríguez y de Barandiaran, de no controlar a sus fuerzas de seguridad. Quitando responsabilidad a los agentes que dispararon y refiriéndose sin citarlo al entonces ministro del Interior hoy imputado en la querella argentina Rodolfo Martín Villa, "los principales responsables son los que dicen que lo nuestro son errores y lo suyo, crímenes. Esta frase es un error, una estupidez y un crimen".

Fuera de la alta esfera política, el diputado de Euskadiko Ezkerra se fijó en los "medios de información" y las versiones "absolutamente irresponsables como las que salieron inmediatamente a la muerte de Barandiaran. Versiones falsas que han provocado una enorme irritación por parte del pueblo vasco".

El debate ya tenía los mismos elementos de hoy: la carga política de las policías autonómicas (objeto de recursos judiciales), el papel de las fuerzas de seguridad estatales en la CAV y Navarra (hoy, cerca de 6.000 efectivos en casi 90 comisarías y cuarteles), el papel de los partidos políticos en Madrid y el de algunos medios de comunicación, como se ha visto con Altsasu.

"Estamos planteando algo realizable y no solo lo pedimos nosotros; lo están pidiendo los partidos mayoritarios de Euskadi: el PNV y el PSOE. Pedimos hechos y no palabras; pedimos un calendario, una retirada escalonada y a plazo fijo de estas fuerzas a medida que se vayan creando otras fuerzas, otros uniformes y en otros cuerpos dependientes de los poderes autonómicos", reclamó Letamendia.

Más de 38 años después, el portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, lo volvió a repetir el pasado jueves. También durante la pasada legislatura vasca lo hizo la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia. Fuera de la esfera institucional, plataformas como Alde Hemendik, Ospa Hemendik y Fan Hemendik lo han reclamado en actos, manifestaciones y jornadas.

La petición ha sido insistente. Y la oposición de las fuerzas conservadoras españolas, contundente. Tanto que Manuel Fraga pidió la palabra aquella tarde del 78: "La defensa de la bomba que se ha hecho para defender la bandera es por lo visto utilizable, y esa atmósfera que ha sido creada deliberadamente por hombres como el señor Letamendia". Por eso, el exministro "invitó" a la Mesa del Congreso a que examinara la intervención de Ortzi: "La apología del terrorismo que hemos oído aquí no está comprendida dentro de la libertad parlamentaria, ni dentro de la inmunidad".

Aquel debate parlamentario del 19 de julio de 1978 acabó a las 20.20 horas cuando el presidente de la Cámara levantó la sesión. El debate político, en cambio, continúa hoy casi en los mismos términos.