Madrid - El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decretó ayer el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para José Ignacio Encinas Charro, expresidente de la empresa Defex, perteneciente a la sociedad pública SEPI y dedicada a la exportación de material de seguridad y defensa, por la presunta comisión de seis delitos relacionados con la defraudación de cantidades millonarias de un contrato para el suministro de material policial con Angola, han informado fuentes jurídicas. La misma medida cautelar fue acordada respecto de otros tres detenidos en la denominada operación Angora, mientras que se fijaron fianzas para otros dos arrestados y los tres restantes fueron puestos en libertad.
Tras una maratoniana jornada de declaraciones, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 dictó ayer un auto en el que imputa a Encinas Charro los presuntos delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, y falsedad documental.
La misma medida de prisión sin fianza fue acordada para otros tres detenidos en la misma operación, que investiga la desviación de fondos de un contrato de 152 millones de euros para equipar a la Policía Nacional de Angola por parte de una Unión Temporal de Empresas formada por Defex y Comercial Cueto 92. Esas tres personas son Juan Carlos Cueto Martin, consejero delegado de Cueto; y Manuel Iglesias-Sarria y Angel María Larumbe, directivo y exdirectivo de Defex, respectivamente.
En cuanto a los otros cinco detenidos que declararon ante el juez y el fiscal Anticorrupción, se decretó prisión eludible con fianza de 200.000 euros para Icíar de Iraola, esposa de Cueto, y libertad con obligación de pagar en una semana una fianza de 20.000 euros para Enrique Francisco Gómez Cuesta, consejero de Defex hasta 2013, mientras que los otros tres quedaron en libertad.
LUXEMBURGO En el auto, el juez relata que desde cuentas corrientes de la UTE Cueto-Defex se transfirieron a un banco de Luxemburgo 41,4 millones de euros sin razón comercial o actividad mercantil aparente alguna, y por los querellados se confeccionaron de forma aparentemente inveraz facturas y adendas a los contratos que permitiesen justificar tales desvíos de fondos al extranjero. Como beneficiarios últimos del dinero figuran los querellados y familiares de funcionarios públicos de la República de Angola.
El magistrado presume de forma indiciaria que los directivos detenidos se concertaron con funcionarios angoleños para, a través del contrato de suministro de material a la Policía, llevar a cabo una apropiación patrimonial ocultada, desviada al extranjero mediante un complejo entramado societario desde paraísos fiscales.
La operación Angora se ha saldado con un total de diez detenciones por la Guardia Civil. Además de los que ya han sido puestos ante el juez Ruz, fue detenida la sobrina del ex colaborador del Ministerio del Interior Francisco Paesa, que será trasladada a España y declarará mañana ante el juez. Los investigadores relacionan a Beatriz García Paesa con un despacho de abogados luxemburgués que colaboró en el desvío de cantidades millonarias procedentes de ese contrato creando una “estructura financiera altamente sofisticada” para blanquear el dinero, según la Guardia Civil, que creó un grupo permanente de intercambio de información con la Policía del país europeo. - E.P.
