A propósito del tripartismo en el mercado de trabajo

En el Estado español se partió del legítimo presupuesto que el debilitamiento de los sindicatos y de las organizaciones empresariales democráticas por la represión franquista debía ser superado y estos interlocutores fortalecidos en la propia Constitución. Se pensaba con pertinencia que un país democrático no puede funcionar sin sindicatos y organizaciones empresariales fuertes, lo que no era tan pertinente era olvidarse del resto del tejido industrial.

Ya la propia Constitución en su artículo 7. ubicado en su Título Preliminar y por lo tanto inspirador del resto de los principios constitucionales establece: Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley.

Para encontrar a otras entidades de interlocución como el cooperativismo en el texto constitucional tenemos que acudir al art. 129.2 en el que el cooperativismo se concibe como una de las diversas formas de participación en la empresa y sin que la ubicación sistemática del precepto sea particularmente relevante.

"Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción".

El Estado del Bienestar se basa en tres pilares (promocionales, asistenciales y de protección de la vulnerabilidad) donde numerosas organizaciones de distinta naturaleza forman parte del ordenamiento jurídico laboral en su dimensión más amplia.

La interlocución tripartita se fortaleció por la Ley Orgánica de la Libertad Sindical y los conceptos de mayor representatividad y representación institucional.

El artículo 6.1 de la LOLS establece: La mayor representatividad sindical reconocida a determinados sindicatos les confiere una singular posición jurídica a efectos, tanto de participación institucional como de acción sindical.

El artículo 6.3 de la LOLS establece: Las organizaciones que tengan la consideración de sindicato más representativo según el número anterior, gozarán de capacidad representativa a todos los niveles territoriales y funcionales para:

a) Ostentar representación institucional ante las Administraciones públicas u otras entidades y organismos de carácter estatal o de Comunidad Autónoma que la tengan prevista.

b) La negociación colectiva, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores.

c) Participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo en las Administraciones públicas a través de los oportunos procedimientos de consulta o negociación.

d) Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo.

e) Promover elecciones para delegados de personal y comités de empresa y órganos correspondientes de las Administraciones Públicas.

f)Obtener cesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales públicos en los términos que se establezcan legalmente.

g) Cualquier otra función representativa que se establezca.

En relación a los empresarios, la representación institucional la consagra la Disposición Adicional VI del Estatuto de los Trabajadores. El diseño constitucional se observa que discrimina a cualquier estructura social y particularmente al cooperativismo de la posibilidad de ejercer potestades ultra vires, funciones públicas o cuasipúblicas, configurar la negociación colectiva laboral, participar en órganos institucionales como: las relativas a la gestión de la Seguridad Social; gestión pública del empleo; gestión de los organismos de prevención de riesgos laborales; presencia mayoritaria en órganos públicos y privados consultivos, órganos de resolución de conflictos colectivos, etc.

Ubicar al cooperatismo y a otros interlocutores sociales de la economía social, del tercer sector e incluso de la economía informal en un lugar subordinado podríamos considerar que contradice la Constitución. La proclamación de un estado como social y democrático de derecho (art. 1 de la Constitución) significa que las políticas sociales no son sino los instrumentos de los que se vale el Estado para alcanzar sus objetivos de igualación material, de equidad social y de participación.

La Organización Internacional del Trabajo ha proclamado la necesidad de fortalecer la representación por los interlocutores sociales de los actores de la economía social (cooperativas), las pymes y la economía informal; la necesidad de la adaptación integral del diálogo social a las nuevas realidades que están configurando el mundo del trabajo; las cooperativas podrían ser una alternativa interesante para ofrecer una respuesta organizativa adecuada a las plataformas en el marco en el que los trabajadores puedan hacer valer sus intereses y como conclusión del Consejo de Ginebra de 2017 se proclamó que en la forma de organización actual de los trabajadores y los empleadores no están incluidos todos los segmentos del mercado de trabajo, no están las cooperativas.

Las cooperativas están ubicadas en el recién aprobado documento de la OCDE denominado Designing Legal Frameworks for Social Enterprise. Diseñando marcos legales para empresas sociales es un manual que ofrece a los encargados de formular políticas orientación para diseñar y aplicar marcos legales eficaces que promuevan el desarrollo de las empresas sociales.

El tripartismo en relación a la gestión pública del empleo está ampliado en la Bundesagentur für Arbeit, BA alemana; en la Unedic francesa, en el Consejo Nacional de la Economía y del Trabajo en Italia. Todas estas referencias del derecho comparado constituyen un debate socialmente pendiente. l

Jurista