ada vez que me pongo a explicar en mis clases un tema como el conflicto israelí-palestino surge la dificultad de saber cómo enfocarlo sin caer en partidismos o maniqueísmos. En determinar quiénes son los buenos y los malos de una película que parece repetirse de forma cíclica año tras año con cada brote de violencia. Sin embargo, nos guste o no verlo de esta manera, hay un máximo responsable: Israel. Es un Estado reconocido a nivel internacional y debería velar por que se respeten los derechos humanos, fundamentalmente, en parte la más maltratada, la palestina. Eso no elude el valorar de forma negativa y crítica a Hamás ni a la Yihad Islámica, dos organizaciones de diferente signo, cuya fuerte presencia en la Franja de Gaza determina, en buena medida los ciclos de violencia. Pero, ¿cuáles son las políticas de Israel para apaciguar esos ánimos, para entablar puentes y rebajar la tensión entre ambos pueblos? Veamos. Como balance de 2021, la organización israelí B'Tselem publicaba un informe aclaratorio a este respecto.

A lo largo del pasado año, las fuerzas armadas hebreas acabaron con la vida de 313 palestinos, 71 menores. A eso hay que sumar que 895 palestinos -463 menores- vieron cómo sus viviendas eran destruidas en Cisjordania y Jerusalén Este, siguiendo con una política de venganza y expulsión que poco a poco está dejando sin un lugar donde existir a los palestinos. El ataque a Gaza del mes de mayo fue el pico más alto de muertes, con 232 (54 de ellas menores), y según apunta esta organización defensora de los derechos humanos, la mayoría de las víctimas no tomó parte en los enfrentamientos. Se convirtieron en víctimas indirectas del fuego cruzado, pero víctimas, al fin y al cabo. Asimismo, a esta negra lista hay que sumarle otros 20 palestinos muertos por fuego amigo (por los cohetes lanzados por Hamás), a dos integrantes de las fuerzas de seguridad israelíes, seis civiles y tres extranjeros afectados por los proyectiles provenientes de Gaza. Desde 2014, con 2.000 muertos, no se producía una cifra tan elevada.

El informe es demoledor, no cabe la menor duda. Además, en lo tocante a la respuesta israelí a los ataques por parte palestina, aunque la norma es que solo se debe responder con fuego abierto como último recurso, lo cierto es que nunca, o rara vez, sucede así. Es lo habitual, sin preocuparse de las consecuencias que eso puede provocar, en una zona tan densamente poblada como la Franja -de ahí la enorme incidencia de bajas de menores-. En el momento en el que cae el primer cohete de Hamás o la Yihad, el Ejército israelí responde con demostrada furia. Y lo que es peor, nadie rinde cuentas, a pesar de los acuerdos firmados por Tel Aviv, sobre ese daño colateral injustificado. Asimismo, lo que sería impensable en cualquier país democrático, allí es normal. Son 32 muertos vinculados a la participación en manifestaciones o incidentes por el lanzamiento de piedras, lo cual es una barbaridad. No corresponde una acción con la reacción subsiguiente. Unos lanzan piedras, que no deberían, y otros disparan, por menos se han provocado revoluciones. Y no solo es excesivo, son actos criminales. B'Tselem destaca en su informe las protestas contra el asentamiento ilegal de Evyatar, en el que los militares israelíes impiden el paso a sus terrenos a agricultores palestinos, y que ha provocado otras ocho víctimas mortales. Documenta, además, 336 incidentes graves de violencia protagonizados, esta vez, por colonos hebreos que, como consecuencia, trajo consigo otros 36 fallecidos palestinos. Ninguno de tales casos parece haber sido llevado ante los tribunales.

A la violencia hay que añadirle la demolición de viviendas en Cisjordania, un total de 199, casi medio centenar más que en 2020 y el doble que en 2019. También se han desmantelado 548 infraestructuras de diferente índole, desde cisternas, almacenes, empresas y diversas estructuras por considerarlas ilegales, al hacerlo sin permiso. Aunque eso no impide que Israel acometa la construcción, a lo largo y ancho de los territorios bajo la Autoridad Palestina, de nuevas colonias ilegales con carácter permanente... La diferencia está en que la autoridad (arbitraria) la ejerce Israel, mientras que los palestinos no tienen capacidad para impedir ni actuar en consecuencia. Quedaría saber cuántos son los soldados u oficiales israelíes que han sido llevados hasta la justicia por haber ordenado o disparado de forma alevosa. En las escasas veces que ha sucedido, rara vez cuentan con penas largas y, en general, son livianas.

Está claro que la vida de un palestino vale menos que la de un israelí. Y ahí sí que deberían tomarse cartas en el asunto. De la misma manera que a Rusia se le han aplicado sanciones por la anexión ilegal de Crimea, Israel debería sufrirlas, exigiendo y determinando que no puede proseguir con sus políticas abrasivas en los territorios palestinos. De hecho, es llamativo que no se pueda plantear la actuación de los Cascos Azules que garantice la dignidad y la seguridad de los palestinos, con la presencia de una autoridad imparcial. Por supuesto, hay que insistir en que las acciones de Hamás o la Yihad Islámica, o de otros grupos violentos son deleznables, no solo perjudican al conjunto de la población civil palestina, que sufre en su descargo, impotente por un lado, la fuerza intimidatoria de las fuerzas armadas israelíes (y favorece las políticas hebreas) y, por otra la de los propios radicales, pero eso no exime a Israel de cumplir con el derecho internacional. Al permitir que actúe con impunidad, lo único que se consigue es que el conflicto palestino siga activo, beneficiando el sueño sionista más ultraconservador de constituir el Gran Israel. En suma, tal y como concluye B'Tselem, estas políticas israelíes constituyen un régimen de apartheid, que está laminando toda cohesión y posibilidad de que los palestinos puedan constituir una entidad independiente algún día. Y, mientras tanto, da la amarga y trágica sensación de que los organismos internacionales competentes miran alevosamente para otro lado. Doctor en Historia Contemporánea