l Gobierno Vasco ha presentado el Anteproyecto de reforma de la RGI, que consolida los recortes que se vienen aplicando desde hace una década. La Ley 18/2008 fijó la cuantía en función del SMI (88% para personas solas; 100% en el caso de pensionistas). Si hoy se aplicara esta Ley, los ingresos garantizados para una persona serían de 975 euros en doce mensualidades (1.108 en el caso de pensionistas). Pero el Gobierno viene aplicando recortes desde 2012. Así, este año la RGI es de 706 euros para una persona sola (249 menos que con la Ley de 2008), y de 810 euros para una pensionista (un recorte de 292 euros al mes). El antepoyecto relaciona la RGI con el Ingreso Mínimo Vital en vez de con el SMI, y establece una escala que, en la práctica, deja la RGI ordinaria como está y aumenta la de pensionistas a 893 euros, muy por debajo de lo que correspondería con la Ley de 2008.
Además, se quiere eliminar la Prestación Complementaria de Vivienda. El Gobierno Vasco lleva años planeando su eliminación, pero hasta ahora la movilización social lo ha impedido. Y también corre el riesgo de desaparecer el Complemento de ingresos del trabajo. Por tanto, el Anteproyecto, además de consolidar los recortes que están en vigor, pretende recortar aún más.
La prioridad del Gobierno Vasco es gastar lo menos posible. Sus hechos desmienten su propaganda. Decir que la prioridad son las personas, y a la vez, aplicar fuertes recortes en la RGI es hacer lo contrario a lo que se dice. La decisión política que subyace en los recortes es aún más grave si tenemos en cuenta que estamos hablando de garantizar unos ingresos mínimos a las personas y a las familias más vulnerables del país, y que la RGI está claramente por debajo del umbral de pobreza, algo que no debería ser aceptable.
ELA también quiere denunciar la constante campaña de criminalización de las personas perceptoras de prestaciones sociales, de la que participa el Gobierno. Mientras que el fraude fiscal campa a sus anchas en las rentas no salariales, mientras que empresas como Tubacex o Petronor no han pagado ni un euro en el Impuesto de Sociedades a pesar de haber tenido beneficios millonarios, se estigmatiza a la gente que está en peor situación en la sociedad, a pesar de que todos los datos indican que el nivel de fraude en las prestaciones sociales es residual, y que, si algún problema tiene la RGI en cuanto a quién llega es que se excluye de esas prestaciones a mucha gente que las necesita, como reconoce el propio Gobierno en sus informes.
Por todo lo indicado, ELA demanda la retirada de este anteproyecto, mejorar sustancialmente las prestaciones sociales y garantizar el acceso a una vivienda de alquiler social, tal y como planteaba la ILP contra la pobreza y la exclusión social impulsada por la Carta de derechos sociales, avalada por 51.000 firmas, y cuyo admisión a trámite fue rechazada por el Parlamento Vasco la legislatura anterior. Es cuestión de voluntad política.
Responsable de gabinete de estudios de ELA.
