stados Unidos, con una población de 330 millones de personas, dedica unos 600.000 millones de dólares a investigación y desarrollo. Actualmente dispone de tres vacunas contra el covid-19 en el mercado. China, con 1.400 millones de personas, dedica unos 310.000 millones de dólares a I+D, y ha registrado ya tres o cuatro vacunas contra el mismo virus. Rusia, con 145 millones de personas, y 20.000 millones de dólares en I+D, elaboró la primera vacuna que ya se está aplicando en la Unión Europea. Una UE que, con 450 millones de personas, y dedicando unos 350.000 millones de dólares a I+D, ha sido incapaz a día de hoy de diseñar y fabricar ni siquiera una vacuna.

Un fracaso tan clamoroso debería estar en el centro de las preocupaciones de todos los que toman decisiones políticas en la UE, no solo los gobiernos sino también los consejos de administración de las grandes corporaciones de base europea. La cosa es aún más grave, porque no solo no tiene capacidad de fabricar una vacuna, sino que la UE ni siquiera es capaz de garantizar el suministro en plazo y forma de las vacunas de otros países que han sido contratadas y pagadas.

A la hora de decidir cómo afrontar la situación, la UE se ha mostrado más diligente en el plano financiero que en el productivo, sanitario o el comercial. Así, acordó a tiempo un paquete de apoyos fiscales que incluyen suspender (temporalmente) la política de ajuste fiscal por endeudamiento "excesivo", y un paquete de 750.000 millones de euros a distribuir en seis años, es decir, unos 125.0000 millones de euros al año, a repartir un 40% en subvenciones a los países, la mitad en préstamos blandos a los estados y el otro 10% en aumentar algunos programas de presupuesto (desarrollo rural, investigación y otros). La parte de las subvenciones se dedica sobre todo a inversiones en infraestructuras energéticas, de transporte y de comunicaciones. Y ahora algunas voces ultraliberales desde Alemania claman para que la parte de las subvenciones se computen en el déficit de los países que las reciben.

En Estados Unidos, con un cambio de Administración por medio, se acaba de aprobar un paquete de ayudas por valor de 1,9 billones de dólares (1,6 billones de euros). El paquete ofrecería una nueva ronda de ayuda financiera a los estadounidenses que se enfrentan al impacto de la pandemia, incluyendo pagos directos a las personas. Quienes ganen hasta 75.000 dólares y las parejas que ganen hasta 150.000 dólares recibirán un pago directo completo de 1.400 dólares por persona. Esos pagos se reducirían progresivamente para las personas y parejas que ganen más de 80.000 y 160.000 dólares, respectivamente.

Las prestaciones federales de desempleo cubrirán hasta septiembre a todos los desempleados con la tasa actual de 300 dólares semanales, y los primeros 10.200 dólares de esas prestaciones estarán libres de impuestos para los hogares que ganen 150.000 dólares o menos. Sin embargo, el Senado rechazó la propuesta de la Administración de elevar el salario mínimo hasta quince dólares la hora (unos trece euros, equivalente a unos 2.100 euros a jornada completa de 40 horas al mes).

El paquete incluye crédito fiscal por hijos (3.000 dólares para los niños de seis a 17 años y 3.600 dólares para los menores de seis años) y una ayuda de hasta 300 dólares por hijo al mes desde julio hasta finales de año, ayudas a hogares pobres (25.000 millones de ayuda al alquiler, 4.500 millones de dólares para ayudar a las familias pobres con los costes de calefacción y refrigeración de sus hogares, 1.400 millones para personas mayores y aumento a 35 dólares al mes por personas en vales de comida), ayudas a la educación (y más de 128.000 millones de dólares para las escuelas públicas y 39.000 millones de dólares en subvenciones a instituciones de enseñanza superior), a la gestión del covid-19 y del proceso de vacunación (55.000 millones de dólares).

También se incluye un aumento de los fondos para préstamos blandos a pymes y ONG (7.250 millones), así como ayudas directas al sector de la hostelería: 25.000 millones de dólares para un nuevo programa de subvenciones para "restaurantes y otros establecimientos de comida y bebida" con subvenciones de hasta diez millones de dólares por entidad y cinco millones por local físico, con un máximo de 20 locales y otros 1.250 millones de subvenciones a operadores de locales que se hayan visto obligados a echar el cierre.

Para apoyar al sector del transporte, la legislación asigna casi 30.000 millones de dólares para los costes de tránsito, incluyendo las nóminas y el equipo de protección personal; 8.000 millones de dólares para los aeropuertos; 3.000 millones de dólares para un programa temporal de apoyo a las nóminas para ayudar a la industria de fabricación aeroespacial; y 1.500 millones de dólares para recuperar y pagar a los empleados de la red de ferrocarril Amtrak que fueron despedidos a causa de la pandemia y para restaurar varias rutas diarias. También se destinarán otros 15.000 millones de dólares para apoyar a los trabajadores de la industria aérea.

Resumiendo, mientras Estados Unidos aprueba un programa para este año de cerca de 4.900 euros por habitante, y destina el grueso del dinero a ayudas directas a las personas, la UE aprobó un programa de unos 1.670 euros por habitante, a distribuir durante seis años, principalmente en ayudas a la inversión, y la mitad en forma de créditos.

Es cierto que se puede argumentar que la UE no es un estado federal y que los presupuestos nacionales pueden incorporar otro tipo de ayudas. Pero el hecho es que al menos en este país, todo se fía al "dinero europeo". Y las distancias ya no en cantidad, sino en orientación de los planes financieros, marca una diferencia no solo con la reacción al covid-19 de China, sino también de Estados Unidos. China priorizó a la población en la lucha contra la pandemia, Estados Unidos diseñó otra estrategia, basada en defender la economía, pero rápidamente aprendió del ejemplo chino entendiendo que la clave son las personas: vacunación masiva y rápida y ayudas económicas a las familias. Por el contrario, la UE se ha quedado en el falso equilibrio entre economía y personas, y en consecuencia se ha hundido en la inoperancia en la lucha contra la pandemia.

Esa aparente lentitud en reaccionar ante los propios errores, esa incapacidad para pensar a lo grande y tomar decisiones arriesgadas quizá sea cosa del envejecimiento de la población -el 20% de la población de la UE tiene más de 65 años, frente al 16% en Estados Unidos o el 11% en China- pero la evolución de los acontecimientos no permite ser muy optimista sobre el papel de Europa en el liderazgo global de las próximas décadas.

Profesor de Economía Aplicada de la UPV/EHU