n España, la contribución de la inversión al crecimiento económico ha sido tradicionalmente mayor que en países más desarrollados como Francia o Alemania. Lógico si se tiene en cuenta el mayor atraso en materia de infraestructuras, que requiere de un esfuerzo suplementario para su desarrollo y mejora.
En los años previos a la crisis, el sector público invertía unos 50.000 millones de euros al año y las empresas unos 250.000 millones. A partir de la aplicación de las medidas de ajuste en 2011, la inversión pública se redujo a menos de la mitad, y la privada unos 160.000 millones. El año pasado, que se supone fue el quinto año de recuperación económica, la inversión privada había recuperado los 220.000 millones, pero la pública seguía deprimida en apenas 25.000 millones.
El gobierno acaba de presentar su plan España puede para utilizar los 59.000 millones de euros que se van a recibir del fondo europeo para la recuperación y la resiliencia durante los próximos tres años, además de los 12.000 millones del plan React-EU que complementará los fondos de cohesión. Un 20% de las ayudas va a venir a España, lo que es una proporción considerablemente mayor que la participación prevista durante el próximo septenio en los fondos estructurales (9%) o en los fondos para el sector agrícola y rural (12%).
Lo que no indica el plan del gobierno es que los 312.500 millones de transferencias del fondo se asignarán en toda la UE en el periodo 2021-2023, pero su desembolso se extenderá hasta finales de 2026. Si añadimos los 47.500 millones del plan React-EU, estamos hablando de un esfuerzo común de 60.000 millones al año, de los cuales a España llegarían algo menos de 12.000 millones anuales durante seis años.
No se puede negar que ha habido una buena negociación por parte del gobierno hispano, pero tampoco que los fondos aprobados por la UE no son ni de lejos la cantidad que se requiere para relanzar las economías europeas, agotadas tras un largo periodo de estancamiento, tanto durante la recesión (2009-2014) como durante la expansión (2015-2019), y que la pandemia ha venido a debilitar todavía más. En un país que se va a llevar uno de cada cinco euros de las transferencias previstas, la ayuda anual no va a permitir ni siquiera recuperar el volumen de inversión pública previa a la Gran Recesión, así que el impacto será aún menor en el resto de estados de la Unión.
Está por ver si en el presupuesto para 2021 el gobierno apuesta por añadir a la inversión de este año (26.000 millones) y a la cantidad que pueda llegar del fondo europeo (12.000 millones) los 35.000 millones extra que harían falta, según afirma en el plan España puede, para cubrir las necesidades de financiación pública de las inversiones, que estima en un 6% del PIB cuando desde 2012 apenas supera el 2,5%. Cantidad mínima necesaria no solo para volver a los niveles previos a la crisis, sino para afrontar con garantías las necesidades de inversión pública derivadas de la pandemia y para que la misma ayuda comunitaria surta el efecto recuperador y multiplicador perseguido.
El interés que ha levantado este asunto en las Comunidades Autónomas no se explica con las cantidades a recibir, porque el gobierno ya avisa en su plan que lo que va a compartir con las CCAA. son los 2.000 millones durante seis años de plan React-EU, una cifra que obviamente no va a resolver ninguno de los cuellos de botella en materia de financiación pública de las comunidades.
A pesar de lo ajustado de las cifras, el gobierno no se corta en afirmar que su plan, financiado con los fondos aprobados por la UE, va a servir para recuperar y fortalecer la economía. No parece que el plan suponga una gran novedad, porque su letra -de su espíritu tendrán que hablar voces más autorizadas que la mía- parece un calco de varios docenas de planes sectoriales, generales, estructurales y circunstanciales aprobados por las administraciones públicas en los últimos lustros. Nobles deseos de productividad, sostenibilidad, flexibilidad, competitividad, sostenibilidad, cohesión, emprendimiento€ salpican todo el documento, con alguna novedad lingüística que muestra la adaptación a los tiempos: la inclusión y la igualdad (de género) también son reiteradas. Y aparecen, como no podía ser de otra forma, la cogobernanza y los cuidados, nueva esfera de atención para las políticas públicas.
Que las referencias a otros autores no se haya completado con la debida bibliografía puede achacarse a las prisas por ser los primeros (la UE daba de plazo hasta abril de 2021 para presentar los planes). Que el efecto multiplicador del plan en la inversión privada se cifre en una relación de 4 a 1, cuando las dos fuentes de autoridad que se citan hablan de una relación 2:1 y de 2,7:1 respectivamente, puede interpretarse como un exceso de optimismo. En donde no se han cortado en mantener el lenguaje de las políticas de ajuste es en reiterar en todo el documento el gran objetivo: modernizar España. Que, al parecer del gobierno, España es poco moderna se refleja en la gran cantidad de antiguallas que descubren en el territorio del Estado. Veamos lo que se propone "modernizar" el gobierno con el dinero europeo: el tejido industrial, las pymes, el sistema fiscal, el modelo productivo, las administraciones públicas y en particular la administración de justicia, el parque automovilístico y las infraestructuras de transporte, la gestión del riesgo climático, el sector turístico, la tecnología (en general) y la tecnología de comunicaciones (en particular);, las titulaciones profesionales, el sistema educativo, las infraestructuras productivas, el sistema fiscal€
Tengo para mí un tanto excesivo tanto furor modernizador. Entre otras cosas, porque algunas de estas cuestiones ya son bastante modernas en la economía española y no parece que sea un problema de falta de modernización o de oferta, sino de demanda, lo que ha precipitado el deterioro económico brusco de 2020. La cosa tiene su lado chusco, por ejemplo, cuando se propone un plan de digitalización ¡de la Universidad! . Si hay un sector de las administraciones públicas fuertemente digitalizado es precisamente el de las universidades. Hace muchos años que se encargaron el Banco de Santander y Microsoft de promocionar por las universidades españolas el uso intensivo de las tecnologías digitales en el tratamiento de matrículas, bases de datos de profesores, de investigación y de gestión de recursos (bibliográficos, compras descentralizadas etc.), a mayor gloria del Big Data y el control de la información como mecanismo de enriquecimiento más o menos lícito.
Sin salirse del guion marcado por la UE y reajustando la información (el documento solo da los porcentajes), el plan prevé distribuir 1.920 millones al año hasta 2026 para las zonas rurales, 1.464 millones para infraestructuras, 1.068 para la transición energética, 600 millones para la reforma de la administración pública, 2.052 para la digitalización de la industria, pymes, turismo y creación de nuevas empresas, 1.980 para investigación y sanidad, 2.112 para educación, 684 para empleo y política de cuidados y 132 millones para cultura y deporte.
Para hacerse una idea de la dimensión de estas medidas, el gasto total de las administraciones públicas supera actualmente el medio billón de euros; la contribución del presupuesto comunitario a las regiones rurales hispanas ha sido este año de unos 6.100 millones de euros; en el presupuesto público de I+D en 2019 fue de 6.300 millones; el gasto público en salud está en unos 70.000 millones al año y en educación algo inferior a 50.000 millones. El presupuesto del Barça en la temporada 2019-20 es de 1.047 millones de euros y el presupuesto de la película más taquillera de 2019 (Vengadores: Endgame) fue de unos 310 millones de euros. Pues eso.
Profesor de Economía Aplicada UPV/EHU
