ablar de políticas de derechos humanos entraña establecer prioridades y diagnosticar adecuadamente el momento que vivimos y qué aspectos merecen especial atención. También implica saber qué parte de las políticas que ya se están desplegando debe consolidarse o, por el contrario, enmendarse e incluso cancelarse. Porque cada legislatura no debería hacer tabla rasa y poner el contador a cero aunque, por desgracia, en no pocos casos se tiende a iniciar cada nuevo ciclo como si no hubiera una herencia que atender, cuidar y hacer fructificar para el beneficio de la ciudadanía. Pero vayamos al grano, por bloques temáticos.
Ha marcado nuestro pasado y sigue marcando el presente. Es parte de nuestra identidad colectiva. Por más que la ciudadanía en términos generales exprese un cierto distanciamiento e incluso acuse agotamiento por saturación, a la hora de la verdad, cuando se agitan los símbolos subyacentes, las familias políticas y el cuerpo social entero se sacuden. Las heridas de los muertos por violencia (terrorista de ETA o de Estado), las secuelas de la coacción, la intolerancia y el sectarismo ideológico (tortura, malos tratos, abusos policiales y legales, encarcelamientos abusivos e injustos, limitación de la libertad de expresión, amenazas, kale-borroka, "impuesto revolucionario"€) han dejado un legado que ahora se tiende a olvidar o relegar como si desaparecida ETA "pues se acabó el problema". Pero el tratamiento injusto de las violaciones graves de derechos humanos de raíz política siguen desplegando sus efectos perniciosos y éstos están presentes en el cuerpo social. A veces no solo arrastrados de pasado, sino de forma muy actual: por ejemplo, los desaparecidos, la política penitenciaria, los casos sin investigación, sin verdad, sin justicia, sin reparación... Para neutralizar, sin embargo, los efectos disolventes de tales injusticias el responsable número uno es el poder judicial. Pero, ante su inacción e incluso voluntad de ocultamiento, debe actuarse "compensatoriamente" desde la CAV: justicia transicional (guste o no el término, atendamos su contenido). Y ello implica impulsar con la máxima energía las políticas de verdad, justicia y reparación hasta donde las competencias -y la voluntad política- den de sí.
Debería ser, por tanto, una prioridad absoluta el impulso de la Ley 12/2016 de vulneraciones de derechos humanos de motivación política ya aprobada esta legislatura. Es una ley que está siendo atacada jurídicamente por tierra, mar y aire por aquellos que no quieren enfrentarse a esa parte de la verdad que tiene que ver con la actuación criminal del Estado. Es una Ley clave y debe ponerse todo el celo en una ejecución pronta y pulcra. Nos jugamos demasiado. Y por ello no caben ya vetos ni paños calientes. De la misma manera que en la parte central de las políticas de acompañamiento a las víctimas de ETA se ha avanzado, este otro capítulo negro debe ser abordado. De lo contrario quedará envenenado el pasado y lastrará la convivencia presente y futura cada vez que se quieran trenzar políticas serias de defensa de los derechos humanos, de memoria democrática o de educación por la paz.
Pero más allá de su impulso cabría reflexionar en voz alta si no sería adecuado ampliar el objeto de esa ley. ¿Por qué sólo la violencia política? ¿No sería conveniente que hubiera una ley general en Euskadi de acompañamiento del conjunto de políticas públicas de derechos humanos? Y ello me lleva al segundo punto de este artículo.
En esta legislatura ya se indicaba programáticamente que había materias emergentes que requerían de una agenda "nueva" frente a los temas más ligados con la violencia política del pasado. Creo que la mejor "nueva" agenda es una "integral" de todos los temas de derechos humanos que lleve a la creación de un marco legislativo central. Marco desde el que se coordinen además las agencias gubernamentales que se ocupan de los ámbitos sectoriales de mayor relevancia. Debería impulsarse una Ley Vasca de Derechos Humanos que regule las materias y los instrumentos de impulso. Las materias de la sociedad vasca del siglo XXI tienen que ver con el combate de la discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia; con la discriminación secular de la mujer; con el cuidado y las garantías institucionales que deben arbitrarse para potenciar la libertad de expresión y evitar, al mismo tiempo, su abuso contra los grupos vulnerables; con el acceso a la información y la protección de datos; con el combate de la pobreza y el impulso de políticas sociales que provean de un suelo vital a cada ciudadano; con el derecho a la salud; con el cuidado de la casa común -el medio ambiente-; con la solidaridad para con otros pueblos empobrecidos... Las políticas públicas, por tanto, deben abarcar las tres generaciones de derechos humanos y ser integrales. Pero evidentemente, según la materia, se puede sólo incidir en su promoción pública (fomentando el debate sistemático, la información€.) o se puede incluso garantizar su contenido mediante prestaciones (RGI por ejemplo). Una ley vasca debería proveer de una visión integral de los temas y establecer en qué materias cabe incidir de manera más particular y con qué instrumentos.
La Ley Vasca de Derechos Humanos debería establecer además los mecanismos de coordinación para garantizar que la ejecución de las políticas públicas en nuestro ámbito se desarrollan mediante la adopción del denominado "enfoque de derechos humanos". Porque no se trata tanto de que un Departamento del Gobierno se ocupe de todos los derechos humanos sino de que se garantice ese enfoque integral en cada ámbito de actuación.
La ley ordena las materias, la filosofía de actuación y los instrumentos básicos de impulso. Pero también tendrían que re-ordenarse y coordinarse mejor los agentes institucionales de ejecución. Piénsese, por ejemplo, en Emakunde, en la Agencia Vasca de Cooperación, en el Instituto Gogora y un largo etcétera. Y es que hay materias transversales, como la sectorial de educación en derechos humanos, la formación de agentes estratégicos o la articulación de subvenciones, que son comunes a todos los temas. Debe haber por tanto una visión integral que facilite que determinadas actuaciones no se repiten decenas de veces, de forma inconexa, estableciendo mecanismos de coordinación y racionalización entre dichos agentes. Ello, además, facilitaría una visión del tratamiento en particular de la violencia de género como un tema de primer nivel de la política de derechos humanos frente a experiencias de pasado en que era una especie de "cenicienta" relegada a un segundo nivel en este tipo de agenda pública.
Por último la Ley Vasca de Derechos Humanos debería crear un mecanismo novedoso y pionero de evaluación mediante un sistema obligatorio de informes anuales que pudieran ser el suelo de un informe oficial anual de las políticas públicas de la CAV. Informe vasco de derechos humanos que luego podría monitorizar adecuadamente el Parlamento, su Comisión de Derechos Humanos, y su comisionado (el Ararteko). Pero que también serviría para estimular informes sombra de las ONG y de la sociedad civil contribuyéndose así a una opinión pública más activa e informada sobre la base de una mayor transparencia. Un informe vasco de derechos humanos sería, además, un magnífico instrumento para dar a conocer las actuaciones de Euskadi en el plano internacional e interactuar de forma más efectiva con la red de agentes oficiales y no gubernamentales del derecho internacional de los derechos humanos.
La nueva legislatura en materia de Derechos Humanos en términos "hegelianos" no sería ni agenda "vieja" (de violencia política) ni agenda "nueva" a la carta, sino una superación y síntesis de ambas: un modelo vasco de impulso integral de los derechos humanos que, parafraseando al filósofo Dworkin, "se los toma en serio".
Director de la Cátedra Unesco de Derecehos Humanos de la UPV/EHU
